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Estructuras clandestinas de combustibles revelan fallas en fiscalización.

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El reciente cierre de estaciones de combustibles por irregularidades en la calidad del producto ha generado un debate sobre la fiscalización y transparencia en el mercado dominicano de hidrocarburos. Sin embargo, la mayor preocupación radica en la aparición de instalaciones clandestinas y sistemas de almacenamiento ocultos que, por su envergadura, no podrían haber pasado desapercibidos durante años.

La inquietud se centra en cómo es posible que estas estructuras de gran escala sean «encontradas» ahora, como si hubieran surgido de la nada. En un sector tan regulado como el de los combustibles, donde intervienen permisos, seguridad industrial y monitoreo tributario, es difícil imaginar que operaciones clandestinas complejas puedan operar sin ser detectadas por los actores del sistema.

Esto no implica necesariamente complicidad directa, pero sí plantea la necesidad de discutir la posible combinación de debilidad institucional, falta de inspección efectiva y tolerancia a prácticas irregulares en el mercado. La situación actual sugiere que el problema no es nuevo, sino que ha comenzado a ser abordado con mayor seriedad y visibilidad pública.

Acciones de fiscalización

El proceso de fiscalización y descubrimiento de irregularidades se está llevando a cabo bajo la gestión del ministro Yayo Sanz Lovatón y del director del CECCOm, general Orlando Jerez. Este contexto ha permitido que los operativos sean más profundos y visibles, algo poco habitual en el sector.

Aunque la situación genera preocupación, también es positivo que se estén revelando problemas que antes parecían ocultos. La transparencia, incluso al exponer fallas graves, es un paso hacia el fortalecimiento del sistema.

El debate nacional no debe limitarse a sancionar a quienes incumplen, sino que también debe cuestionar cómo estas estructuras pudieron operar sin ser detectadas durante tanto tiempo. El mercado de combustibles, que mueve millones de pesos diariamente, afecta directamente el transporte, la generación eléctrica y el costo de vida.

Por ello, la supervisión no puede depender solo de operativos ocasionales. La gran oportunidad que tiene el país es convertir esta ola de fiscalización en una política permanente, con inspecciones constantes y controles técnicos transparentes, para que las irregularidades sean imposibles de normalizar.

Más alarmante que encontrar estructuras clandestinas sería aceptar que durante años parecieron invisibles para todos.

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