El Ministerio de Interior y Policía de la República Dominicana anunció que el empresario haitiano Dimitri Albert Edouard Vorbe no podrá ingresar al país, tras versiones sobre su posible deportación desde Estados Unidos. La decisión se basa en un impedimento de entrada vigente desde el 13 de octubre de 2025, emitido por la Dirección Nacional de Inteligencia y ejecutado por la Dirección General de Migración.

La aclaración se produjo luego de que el juez Darrin P. Gayles, del Distrito Sur de Florida, firmara una orden judicial para enviar a Vorbe a República Dominicana, tras rechazar su solicitud de habeas corpus para evitar la deportación a Haití. El documento, fechado el 12 de mayo de 2026, indica que la petición de traslado fue realizada por el propio empresario.

El acuerdo judicial establece que el Departamento de Seguridad Nacional facilitará la deportación de Vorbe a la República Dominicana dentro de los siete días siguientes a la emisión de la orden final de deportación, llevándolo a un aeropuerto del sur de Florida para abordar un vuelo comercial.

Además, se menciona que dos días después de su llegada a la República Dominicana, tanto Vorbe como las autoridades estadounidenses presentarían una moción para desestimar el procedimiento de deportación. Vorbe fue detenido el 24 de septiembre de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por presuntos vínculos con la violencia de bandas armadas en Haití.

Las autoridades estadounidenses han señalado que Vorbe participó en una campaña de violencia que contribuyó a la desestabilización de Haití, lo que llevó al Departamento de Estado a concluir que su presencia en EE. UU. podría tener graves consecuencias para la política exterior estadounidense, fundamentando así su proceso de deportación.

El empresario es conocido por ser heredero de la familia propietaria de Société Générale d’Énergie S.A. (Sogener), una de las principales proveedoras de electricidad en Haití. En 2019, Sogener fue acusada de sobrefacturación y pagos indebidos, lo que llevó a las autoridades haitianas a reclamar más de 120 millones de dólares y a ordenar la incautación de plantas eléctricas vinculadas a la empresa.

Además de su influencia en el sector energético, Vorbe y su familia han estado relacionados con contratos millonarios de obras públicas durante la administración del expresidente René Préval. En agosto de 2020, Vorbe fue detenido por el ICE y sometido a un proceso de deportación por haber permanecido en EE. UU. más tiempo del permitido tras ser admitido como no inmigrante.

En abril de 2025, el ICE argumentó que Vorbe era inadmisible debido a que había mentido deliberadamente en las solicitudes para obtener beneficios migratorios ante el Departamento de Seguridad Nacional.