El Gobierno dominicano ha decidido rechazar el “ingreso temporal y excepcional” de extranjeros deportados por Estados Unidos, una medida que considera inconveniente y riesgosa. Este acuerdo, que forma parte de un memorando de entendimiento no vinculante con Estados Unidos bajo la iniciativa “Escudo de las Américas”, excluye a haitianos y menores no acompañados.

La República Dominicana reconoce la importancia de la cooperación bilateral con Estados Unidos en temas de seguridad y migración, pero se opone a que su territorio sea utilizado como una estación intermedia para deportados que no tienen vínculos con el país. La responsabilidad de estas personas recae en el Estado que ejecuta la deportación o en su país de origen.

Desde el punto de vista del Derecho Público, el Estado dominicano tiene el deber de proteger su soberanía y seguridad nacional. Cualquier acuerdo, aunque sea no vinculante, no puede justificar decisiones que comprometan las capacidades institucionales y generen precedentes que afecten la política migratoria del país.

Riesgos de la medida

La fórmula “temporal y excepcional” debe ser analizada con cautela, ya que en migración lo temporal puede volverse permanente y lo excepcional puede normalizarse. Un país con limitaciones fiscales y alta demanda social no puede asumir el rol de plataforma regional de tránsito migratorio.

Además, esta política podría establecer un precedente internacional que invite a otros países a enviar deportados a la República Dominicana, lo que ya ha ocurrido en otros contextos con críticas por falta de transparencia y riesgos humanitarios.

La exclusión de haitianos no resuelve el problema, sino que evidencia la sensibilidad de la situación migratoria en el país. Si la República Dominicana no puede manejar ciertos flujos migratorios, tampoco debería aceptar ser receptor temporal de otros grupos sin garantías claras.

Implicaciones legales y administrativas

Surgen preguntas sobre quién garantizará la salida efectiva de estas personas y qué sucederá si sus países no las reciben. También se cuestiona quién asumirá los costos asociados a su custodia y qué régimen de responsabilidad se aplicará en caso de que surjan problemas legales.

La soberanía implica la capacidad de decidir quién entra al país y bajo qué condiciones. La política migratoria no debe ser vista como una concesión diplomática, sino como una decisión que proteja el interés nacional.

Por estas razones, la República Dominicana debe reconsiderar esta medida antes de que genere efectos difíciles de revertir. La cooperación con Estados Unidos debe enfocarse en áreas como la seguridad fronteriza y el combate al narcotráfico, sin asumir cargas migratorias que no le corresponden.

En conclusión, el país no debe convertirse en una sala de espera migratoria del hemisferio, y su soberanía debe ser protegida con decisiones responsables.