El expresidente de Bolivia, Evo Morales, exigió este lunes un proceso «imparcial» y «legal» tras ser declarado en rebeldía y recibir una orden de captura por no presentarse al inicio de un juicio por presunta trata agravada de personas. Morales argumenta que no fue notificado adecuadamente para asistir al juicio, lo que podría invalidar el proceso judicial en su contra.

En una publicación en sus redes sociales, Morales (2006-2019) afirmó: «No busco la impunidad, solo exijo un proceso imparcial, legal y apegado a la Constitución y al Derecho Procesal». Además, destacó que «ningún ciudadano puede ser condenado jurídica y mediáticamente, sin el respeto del Debido Proceso y la Presunción de Inocencia».

El exmandatario también expresó que «nadie debe ser condenado por razones políticas con acusaciones falsas, armadas con pruebas inventadas solo con el objetivo de aniquilar jurídica, moral y físicamente». En su mensaje, expuso argumentos sobre la validez del proceso judicial y la importancia de resolver incidentes previos antes de avanzar en el juicio.

Este lunes debía comenzar en la ciudad de Tarija el juicio oral contra Morales, quien es acusado de trata agravada de personas por supuestamente haber mantenido una relación con una menor de edad, con la que presuntamente tuvo una hija durante su presidencia en 2016. La Fiscalía de Tarija informó que los abogados de Morales no presentaron justificación por su ausencia, lo que llevó a que fuera asistido por abogados de defensa pública.

La defensa de Morales sostiene que no fue notificado personalmente para asistir al juicio, sino a través de un «edicto» judicial, lo que consideran un «vicio causal de fondo» y argumentan que el proceso tiene motivaciones políticas.

Morales se encuentra en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, desde octubre de 2024, protegido por cientos de seguidores para evitar su detención. En ese periodo, la Policía no pudo ejecutar la orden de captura debido a bloqueos de carreteras realizados por sus seguidores.

En octubre del año pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra Morales, y la Fiscalía de Tarija afirmó haber reunido más de 170 pruebas en su contra, incluyendo 39 declaraciones de testigos.