Uno de cada tres latinoamericanos desea emigrar y la mitad rechaza la llegada de inmigrantes a su país, según el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), divulgado este lunes. Este estudio destaca la creciente migración intrarregional y la negativa de muchos países a recibir a migrantes de naciones vecinas.
El informe revela que la intención de emigrar ha aumentado de manera constante en las últimas dos décadas. En 2004, el 21 % de la población de la región quería irse a vivir o trabajar al extranjero en los próximos tres años; para 2023, esa cifra se elevó al 32 %.
Datos por país
En varios países, la intención de emigrar supera la media regional. Por ejemplo, Haití lidera con el 74.6 % de su población deseando emigrar, seguido de Jamaica con 54.3 % y Surinam con 45.7 %.
El PNUD relaciona estos datos con el descontento hacia las instituciones, ya que el aumento en la intención de emigrar coincide con una creciente insatisfacción con la democracia y una percepción de deterioro económico en la región.
A pesar de ser receptores de migración masiva, la opinión pública en la región es mayoritariamente negativa hacia los inmigrantes. En 2024, el 51.4 % de los latinoamericanos consideraba perjudicial la llegada de inmigrantes a su país.
Impacto en la política y migración intrarregional
Este rechazo contribuye a la polarización política, donde parte del discurso público se centra en la criminalización de los migrantes, promoviendo una narrativa de «nosotros contra ellos» que socava el contrato democrático.
El éxodo migratorio también refleja un cambio en los destinos, donde lo que antes era una migración hacia Estados Unidos y Europa ahora se convierte en un fenómeno intrarregional. En 1990, había 3.7 millones de migrantes de América Latina y el Caribe dentro de la región; para 2024, esa cifra casi se cuadruplicó, alcanzando 14 millones de personas.
El mayor incremento se registró entre 2015 y 2020, cuando la migración intrarregional creció un 84 % en solo cinco años, impulsada por la crisis venezolana y las políticas migratorias restrictivas en Norteamérica y Europa, que se endurecieron aún más desde 2025.
