El gobierno dominicano, liderado por el presidente Luis Abinader, ha implementado un plan para debilitar a la oposición política con miras al próximo torneo electoral. Este plan, que busca concentrar recursos y asegurar la permanencia del oficialismo más allá de 2028, se ha diseñado de manera meticulosa y ejecutado con paciencia. La estrategia incluye la reducción de la capacidad operativa y financiera de los partidos opositores, así como la fragmentación de sus estructuras.

Tras un encuentro reciente entre sectores de la oposición y una comisión del gobierno para discutir las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, muchos opositores percibieron que el oficialismo no contaba con un plan de contingencia. Sin embargo, se ha revelado que el gobierno sí tiene un enfoque claro: reducir los recursos asignados a los partidos a través de la Junta Central Electoral y captar nuevas fuentes de financiamiento desde el aparato estatal.

La estrategia del gobierno se basa en tres pilares fundamentales. Primero, disminuir los recursos disponibles para la oposición; segundo, construir una poderosa maquinaria financiera que le permita al oficialismo comprar votos; y tercero, mantener a la oposición dividida y debilitada. Esto se traduce en un escenario electoral donde el oficialismo compite contra adversarios que carecen de recursos suficientes.

En este contexto, el dinero se convierte en un factor determinante para conquistar y retener el poder. Las campañas políticas modernas requieren no solo de discursos, sino de estructuras sólidas, publicidad, movilización y presencia mediática. Al controlar el aparato estatal y reducir la capacidad económica de sus adversarios, el gobierno transforma la competencia electoral en una simulación democrática.

Las acciones del gobierno no parecen ser fortuitas. La Ley de Residuos Sólidos y la centralización de los recursos consulares son ejemplos de cómo se están creando fuentes de captación económica que favorecen al oficialismo. Además, se prevé que los ingresos por la emisión de visas a haitianos también se destinen a fortalecer el control del Estado.

Recientemente, el presidente de la Junta Central Electoral, Dr. Román Jáquez, advirtió al gobierno sobre decisiones unilaterales que vulneran los derechos de los partidos políticos, en violación de la ley 20-23. La reducción del financiamiento público a los partidos no es una medida de equidad, sino una ventaja asimétrica que permite al oficialismo utilizar recursos públicos como instrumentos electorales.

La verdadera austeridad debería comenzar por eliminar los privilegios del poder y frenar el derroche de recursos. Sin embargo, el gobierno parece estar más enfocado en consolidar su control que en promover una democracia equitativa. La incapacidad de la oposición para reconocer la gravedad de la situación podría llevar al sistema político dominicano hacia un abismo.

Las elecciones no se manipulan únicamente alterando votos, sino también creando condiciones electorales desiguales. Este proceso de acumulación de recursos y concentración de poder por parte del gobierno amenaza con transformar la democracia en una estructura donde las elecciones se convierten en una mera formalidad. La República Dominicana enfrenta el peligro de un modelo político que impida la alternancia democrática y perpetúe el poder del oficialismo.