El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ordenó la suspensión inmediata del proyecto minero Romero de la empresa canadiense GoldQuest Mining Corp. tras una masiva marcha de miles de dominicanos que se llevó a cabo el 4 de mayo de 2026 en San Juan de la Maguana, donde la consigna principal fue «¡Agua sí, oro no!». Esta decisión se produjo en medio de una movilización social que superó las expectativas políticas, provocando una caída del 19% en las acciones de la compañía en la Bolsa de Toronto.

La marcha, que recorrió aproximadamente 20 kilómetros bajo el sol, fue el resultado de años de organización y resistencia de comunidades que recordaban los efectos negativos de la minería en el país. La historia de la minería en la República Dominicana está marcada por la explotación y el abandono, dejando tras de sí ríos contaminados y comunidades desplazadas. La oposición al proyecto Romero se enmarca en una lucha más amplia por la defensa del medio ambiente y los recursos hídricos.

La resistencia en San Juan

La movilización en San Juan fue impulsada por una coalición diversa que incluyó campesinos, estudiantes, médicos y miembros de la Iglesia. Esta unidad permitió que la protesta trascendiera el ámbito local y se convirtiera en un debate nacional. La resistencia no surgió de la nada; fue el resultado de años de organización en comunidades rurales y urbanas que se unieron para defender su fuente de vida.

La respuesta inicial del gobierno fue la represión, utilizando bombas lacrimógenas contra los manifestantes pacíficos, lo que generó una mayor indignación y amplificó la protesta. El senador Félix Bautista jugó un papel crucial al presentar documentos que revelaban que GoldQuest poseía no solo una, sino quince concesiones en la región, lo que amplió la preocupación sobre el impacto ambiental del proyecto.

Impacto y futuro del proyecto Romero

El 4 de mayo, Abinader anunció la suspensión del proyecto, afirmando que el gobierno había escuchado las preocupaciones de la ciudadanía. Sin embargo, su declaración no cuestionó el modelo extractivista en sí, sino que se debió a la presión social que hizo insostenible continuar con el proyecto. GoldQuest, aunque suspendió sus actividades, no se retiró del país y continuó afirmando su compromiso con el desarrollo responsable.

El impacto financiero fue inmediato, con la suspensión de la cotización de GoldQuest en la Bolsa de Toronto. La situación en San Juan plantea preguntas sobre el modelo de desarrollo que el país desea adoptar: uno que priorice la extracción de recursos o uno que proteja sus cuencas hídricas y fomente un desarrollo sostenible. La victoria del 4 de mayo es un recordatorio de que la resistencia comunitaria puede influir en decisiones políticas, pero también subraya la necesidad de consolidar logros a través de regulaciones claras y efectivas.