Las Lilas, Santo Domingo Este, RD. El desalojo de cientos de familias en esta comunidad ha generado incertidumbre y angustia, luego de que el Gobierno marcara las paredes de sus viviendas con números, indicando su inminente demolición. La Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) ha comenzado a desmantelar las casas cercanas al río Ozama, un proceso que afecta a quienes han vivido allí durante décadas.

Pedro Montero, uno de los afectados, expresó su descontento al recibir una oferta de 600 mil pesos por su hogar de concreto y zinc, donde ha residido por más de 30 años. “¿Qué compro yo con seiscientos mil pesos?”, cuestionó, reflejando la angustia que sienten muchos en la comunidad ante la falta de opciones para reubicarse.

La situación ha llevado a los residentes a agruparse en las esquinas, discutiendo las compensaciones que consideran insuficientes. Freddy Ramírez, otro afectado, denunció que URBE pagó a sus inquilinos, pero no a él, lo que califica como un “maldito abuso”. Muchos consideran que el dinero ofrecido es una limosna, incapaz de cubrir el costo de una vivienda digna en la ciudad.

Los niños juegan entre escombros, mientras algunos adultos intentan recuperar materiales para vender. La comunidad no comprende los planes de readecuación ni los beneficios ecológicos; solo sienten que su hogar se desmorona. “Tendremos que irnos a vivir debajo de otro puente”, lamentó un hombre, reflejando la desesperación que se vive en el lugar.

Desalojo y reubicación

El plan del Gobierno se centra en despejar las viviendas más cercanas al agua, estructuras que han resistido tormentas pero que no podrán sobrevivir a la modernización estatal. Las autoridades defienden este proyecto como una medida necesaria ante la vulnerabilidad climática y el riesgo de inundaciones, aunque el costo humano parece ser demasiado alto para los residentes.

La segunda etapa del desalojo ya está programada, aumentando el miedo entre quienes aún tienen techo. Las voces de descontento resuenan, exigiendo una valoración justa por sus propiedades. “No somos animales para que nos tiren a la calle”, afirmó una mujer, reflejando el sentimiento de desamparo que predomina en la comunidad.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Ramón Paliza, visitó la zona recientemente, prometiendo inversiones millonarias y una transformación urbana integral. Sin embargo, los residentes ven cómo sus hogares son demolidos mientras sus bolsillos siguen vacíos, evidenciando un contraste entre las promesas oficiales y la dura realidad que enfrentan.

El presidente Luis Abinader declaró de alta prioridad la recuperación de los ríos Ozama e Isabela mediante el Decreto 531-25, asignando a URBE la responsabilidad del proyecto. Esto incluye la supervisión de las actividades en las riberas para asegurar el cumplimiento de los estándares ambientales, aunque muchos se preguntan si la reubicación podría haber sido más humana, como la realizada durante la gestión de Danilo Medina en La Nueva Barquita.

Mientras el sol se oculta sobre el Ozama, el sonido de las demoliciones resuena en el aire. Las Lilas, un barrio que ha sido hogar para muchos, se desmorona, dejando a sus residentes con un futuro incierto y la esperanza de encontrar un lugar donde el dinero del Gobierno pueda comprar dignidad.