El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llegará a la República Dominicana para investigar una queja presentada por comunitarios y organizaciones ambientalistas sobre el proyecto Manzanillo Bay Energy, ubicado en Manzanillo, provincia Montecristi. La información fue confirmada por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (Cnlcc) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma).

Este martes, una delegación del MICI, encabezada por Andrea Repetto Vargas, se reunirá en Manzanillo con representantes de las comunidades y dirigentes de las organizaciones mencionadas. La delegación comunitaria estará liderada por Euren Cuevas Medina, director ejecutivo de Insaproma, y Enrique de León, vocero principal del Cnlcc.

Detalles de la Queja

La queja presentada exige que el proyecto, que incluye dos super plantas a gas natural licuado de 860 megavatios y un financiamiento de más de 1,750 millones de dólares, sea reubicado fuera de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Manglares Estero Balsa. Las organizaciones argumentan que la legislación dominicana prohíbe la operación de proyectos energéticos en áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento.

Según los denunciantes, el proyecto se encuentra a solo 119 metros del lindero del parque en el lado noroeste y a 55 metros en el sureste, cuando la ley establece que la zona de amortiguamiento debe ser de al menos 300 metros desde los límites de las áreas protegidas.

La queja también solicita la restauración del área afectada, que anteriormente era un bosque seco de aproximadamente 500,000 metros cuadrados, y que servía como protección para los manglares. Además, reclaman la indemnización para los afectados por la transformación de este bosque en un terraplén.

Los comunitarios destacaron que la población local, especialmente la más vulnerable, dependía de este bosque para su sustento, incluyendo la recolección de crustáceos y otras especies. El encuentro con el MICI representa la culminación de un proceso de diálogo con el Tesoro de los Estados Unidos y el BID sobre el uso del gas natural licuado frente a fuentes renovables.

Las organizaciones esperan que esta reunión sea el inicio de negociaciones para asegurar que la inversión cumpla con la ley y respete la zona de amortiguamiento del parque. También buscan que se restaure el área devastada y se compense a los sectores afectados.

Finalmente, las organizaciones están preparando una querella ante la justicia dominicana para solicitar medidas cautelares contra el proyecto hasta que se reubique fuera del área en construcción. Valoran la atención del MICI y esperan que el Gobierno dominicano actúe de manera similar ante las denuncias y demandas de la población afectada.