El Vaticano ha recibido más de cien denuncias por abusos cometidos en el disuelto Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), según informó este viernes Jordi Bertomeu, el comisario de la Santa Sede encargado de las investigaciones. Bertomeu se encuentra en Lima para recibir nuevas denuncias en el plazo abierto del 4 al 22 de mayo, y destacó que ha sido testigo de «situaciones muy lamentables».

El comisario describió la angustia de las víctimas, mencionando que ha visto a personas con «los ojos vacíos, perdidos», quienes enfrentan el trauma de haber pertenecido a una organización considerada sectaria. Este reconocimiento por parte de la Iglesia marca un cambio significativo en su postura hacia el Sodalicio.

Bertomeu señaló que aún hay más casos de abusos por descubrir, ya que el nuevo plazo ha permitido que personas que no se habían atrevido a denunciar en 2023 ahora se sientan más confiadas. Relató el caso de alguien que mencionó a primos que sufrieron abusos sexuales cuando eran menores, pero que todavía no se atreven a hablar.

El comisario destacó que los testimonios que están llegando son «terribles y muy creíbles», ya que coinciden con información previamente recopilada, lo que indica que no hay colusión entre las víctimas. En cuanto a las indemnizaciones, Bertomeu admitió que desconoce el monto total que el Sodalicio tiene disponible, pero enfatizó que la organización tiene un deber de justicia hacia las víctimas.

Además, Bertomeu subrayó que el papa Francisco ha reconocido que el Sodalicio se originó a partir de un «falso carisma». El fundador de la organización, el laico peruano Luis Fernando Figari, fue calificado por Bertomeu como un gurú, y se determinó que todo lo que él fundó debía ser suprimido.

El comisario instó a las instituciones peruanas a actuar y reclamar la extradición de Figari para que responda por los delitos que se le atribuyen. También animó a los políticos a modificar las leyes para abordar delitos que no estén tipificados, sin esperar el dictamen del Vaticano bajo la legislación canónica.

Finalmente, Bertomeu concluyó que es necesario avanzar hacia una cultura democrática que erradique las situaciones abusivas, lo que implica cambios legislativos y una voluntad política firme para abordar estos problemas complejos.