La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, emitió un decreto este viernes que elimina los «beneficios carcelarios» que reducían el tiempo de prisión para los delincuentes, cumpliendo así su promesa de adoptar una postura firme contra el crimen. Con esta medida, los jueces no podrán interpretar las condenas de manera que se reduzcan los días de prisión, según la mandataria.

Fernández afirmó que no desea que el crimen organizado ni el narcotráfico tengan cabida en Costa Rica y estableció que el año carcelario será de 360 días naturales. Esta decisión es parte de su estrategia para combatir la criminalidad en el país.

Nuevas iniciativas del gobierno

El nuevo gobierno de Fernández asumió el cargo este viernes para el período 2026-2030 y aún no ha publicado el texto del decreto. Durante su discurso de investidura, la presidenta anunció su intención de llevar a cabo una reforma «profunda» del Estado, destacando la necesidad de aplicar «mano dura» contra el crimen organizado.

En los próximos meses, la presidenta planea inaugurar una «mega cárcel» con capacidad para 5,000 presos, siguiendo el modelo implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Además, se establecerá un Centro de Control y Comando (C5) para mejorar la seguridad y combatir el crimen organizado.

Fernández también envió a la Asamblea Legislativa un paquete de proyectos de ley que incluye la construcción de una Ciudad Gobierno, una marina y terminal de cruceros en la provincia de Limón, y una iniciativa para la explotación de la minería a cielo abierto en Crucitas, en la zona norte del país.

Durante su administración, la presidenta contará con 31 diputados oficialistas de un total de 57 en el Congreso, lo que le otorga una mayoría simple. Sin embargo, para reformas estatales o constitucionales, necesitará el apoyo de dos terceras partes del Legislativo, es decir, 38 votos.

En la ceremonia de investidura, Fernández juramentó a su nuevo gabinete, que incluye al presidente saliente, Rodrigo Chaves, quien asumirá como ministro de la Presidencia y de Hacienda. Esta decisión ha sido criticada por la oposición, que la considera un intento de concentrar el poder.

El evento de investidura contó con la presencia de representantes de 71 delegaciones internacionales y se acompañó de actos culturales y oraciones de líderes evangélicos y católicos del país.