Las autoridades venezolanas exhumaron el cuerpo de Víctor Hugo Quero Navas, un preso político que falleció en julio, pero cuyo deceso fue reconocido oficialmente el jueves. La acción ha generado críticas por parte de activistas y defensores de derechos humanos, quienes exigen justicia por su muerte. La familia de Quero Navas había denunciado su «desaparición forzada» tras su detención en diciembre, acusado de supuestos actos de «terrorismo».

Según las autoridades, Quero Navas fue arrestado en enero. Su madre, Carmen Teresa Navas, de 81 años, lo buscó incansablemente desde entonces sin poder verlo en prisión. La ONG Foro Penal reporta que desde 2014 han muerto 19 presos políticos bajo custodia del Estado, y que al cierre de abril había 454 personas detenidas por razones políticas en Venezuela.

Reconocimiento de la muerte

Esta es la primera vez que el gobierno reconoce la muerte de un preso político reportado como desaparecido, varios meses después de su detención y fallecimiento. La exhumación, ordenada por la Fiscalía, se realizó este viernes en presencia de la madre de Quero Navas.

El acceso público al cementerio Parque Memorial Jardín La Puerta, en las afueras de Caracas, fue restringido por la policía, lo que generó más críticas. Lilia Navas, tía de Víctor, expresó la necesidad de determinar las circunstancias de su muerte y hacer justicia por los delitos que se le imputaron.

El ministerio penitenciario confirmó que Quero Navas murió a los 51 años «por insuficiencia respiratoria» tras ser trasladado al Hospital Militar en Caracas, donde presentó hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo. Activistas han denunciado que hay alrededor de 200 personas en situación de desaparición forzada en el país.

La ONG de derechos humanos Cofavic protestó, señalando que no es aceptable que una madre busque información sobre su hijo durante meses sin respuesta de las autoridades. El abogado Joel García, defensor de presos políticos, indicó que la exhumación debería contar con la presencia de observadores internacionales, dado que el Estado ha fallado en su deber de garantizar los derechos de los ciudadanos.

La situación se complica aún más tras la captura de Nicolás Maduro en enero por fuerzas estadounidenses, lo que llevó a la presidenta interina Delcy Rodríguez a impulsar una ley de amnistía para la liberación de presos políticos.