El diario digital El Faro denunció que el gobierno de Nayib Bukele congeló bienes de sus socios como represalia por sus denuncias sobre presuntos tratos entre el mandatario y pandilleros. La medida afecta una cuenta bancaria y un inmueble, y se relaciona con una supuesta deuda de impuestos que el periódico niega, atribuyéndola a la reciente publicación de un documental que amplió sus acusaciones.

El presidente Bukele, quien ejerce un gobierno con poderes absolutos, ha rechazado las acusaciones de haber pactado con las pandillas a cambio de apoyo político. El Faro afirmó en un comunicado que «la dictadura ha empezado a proceder contra los accionistas del medio», cuyos colaboradores se encuentran en el exilio desde hace un año.

El medio sostiene que el gobierno responde con represalias a sus publicaciones sobre «sus pactos mafiosos, su corrupción y su interés en concentrar todo el poder». Esta ofensiva se desarrolla en un contexto de estado de excepción, que ha llevado a la captura de aproximadamente 92,000 personas sin orden judicial, generando denuncias de crímenes de lesa humanidad por parte de juristas internacionales.

El Faro indicó que el objetivo final del gobierno es silenciar al medio, señalando que el congelamiento de activos se justifica como una medida para garantizar el eventual pago de obligaciones. La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, comentó en X que esta «persecución» incluye espionaje, difamación y amenazas de cárcel, evidenciando la deriva autoritaria en El Salvador.

El proceso fiscal contra El Faro comenzó en 2020 y el gobierno no ha logrado demostrar las acusaciones de evasión y lavado de dinero. En 2023, el medio trasladó su estructura administrativa y legal a Costa Rica tras 25 años en El Salvador.

La denuncia de El Faro se produjo un día después de que un gremio de prensa informara sobre la mayor oleada de periodistas exiliados en El Salvador desde el fin de la guerra civil hace tres décadas. Según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), unos 53 comunicadores abandonaron el país el año pasado debido a «acoso, vigilancia, amenazas o bajo la tipología de exilio preventivo».