El desarrollo urbano en la República Dominicana enfrenta serios desafíos, caracterizados por desorden, improvisación y una respuesta tardía de las autoridades. A medida que las ciudades, especialmente el Distrito Nacional, crecen rápidamente, la institucionalidad urbanística se ve afectada por normas dispersas y una débil capacidad de sanción de los gobiernos locales. Esta situación ha convertido la disciplina urbanística en una de las grandes asignaturas pendientes del Estado dominicano.

La ciudad no es solo un espacio físico, sino un lugar donde se convive, trabaja y ejerce la ciudadanía. La planificación urbana debe responder a criterios de sostenibilidad e interés general, y no quedar sujeta a intereses particulares. En este sentido, la Constitución dominicana de 2010 reconoció la autonomía municipal, otorgando a los municipios y distritos la potestad normativa y administrativa en el uso del suelo.

A pesar de estos avances normativos, existe una gran distancia entre lo que establece la ley y la realidad práctica. En la mayoría de los gobiernos locales, la disciplina urbanística se limita a la inspección de obras y la remisión de infracciones al Ministerio Público, lo que judicializa el proceso y lo hace menos efectivo. Como resultado, las obras irregulares continúan y la legalidad llega tarde.

Esta contradicción en la normativa es un obstáculo significativo. Aunque la Ley 176-07 reconoce la potestad sancionadora de los ayuntamientos, el proceso de remitir infracciones a los juzgados de paz genera inseguridad jurídica y desincentiva a muchos gobiernos locales a ejercer esta potestad. Esto es especialmente grave en el Distrito Nacional, donde la presión inmobiliaria es constante.

Las infracciones urbanísticas, como construcciones fuera de parámetros y cambios irregulares de uso de suelo, tienen efectos directos en la calidad de vida, incluyendo mayor tránsito y deterioro ambiental. La disciplina urbanística debe abarcar inspección, protección de la legalidad y un régimen sancionador efectivo; si uno de estos pilares falla, el sistema colapsa.

En comparación, en países como España, la jurisprudencia ha evolucionado para permitir que las ordenanzas municipales desarrollen infracciones y sanciones, lo que podría ser un modelo a seguir para la República Dominicana. La normativa municipal, aunque reconocida constitucionalmente, aún no se explota completamente.

La solución no radica solo en reformas legales, sino en la voluntad política y la capacidad técnica. Los ayuntamientos deben fortalecer sus Oficinas de Planeamiento Urbano y diseñar procedimientos administrativos que permitan una gestión más efectiva de la disciplina urbanística. Esto es crucial en un territorio pequeño con un crecimiento poblacional sostenido.

La República Dominicana necesita transitar de un urbanismo reactivo a uno preventivo, y de la permisividad a la disciplina. Una ciudad sin una adecuada disciplina urbanística se desborda y se convierte en caos, lo que a su vez afecta la institucionalidad del país.