Las comunidades afectadas por la minería en Pueblo Viejo han expresado su rechazo y preocupación ante los impactos ambientales y sociales que ha generado esta actividad. A pesar de las promesas de desarrollo y beneficios, los pobladores han enfrentado desalojos, contaminación y falta de compensación por los daños sufridos. La situación ha llevado a un clima de desconfianza hacia las autoridades y las empresas mineras.

Desde el inicio de la explotación de la mina, se han reportado grandes movimientos de tierra y la operación de presa de cola, lo que ha incrementado el riesgo de contaminación en la zona. Las protestas de las comunidades han sido respondidas con el envío de la guardia, y las denuncias sobre la contaminación han sido desestimadas por los gobiernos y las empresas, quienes las han calificado de «fábulas». A pesar del cierre de operaciones de Rosario Dominicana, la población no fue informada sobre los pasivos ambientales que quedaron en el lugar.

En un nuevo contrato con otra empresa, el Estado reconoció la existencia de esos pasivos ambientales, pero no se ofreció compensación a los afectados. Aunque se prometió un manejo más responsable, las viejas prácticas, incluyendo el uso de la fuerza pública, continuaron en el nuevo ciclo de explotación. Además, se estableció que el 5% de los beneficios generados por la empresa sería transferido a las provincias donde se realiza la extracción, pero este porcentaje es considerado insuficiente frente a los impactos de la minería.

Impacto en la educación y desarrollo regional

El gobierno creó un patronato para administrar los recursos generados por la minería en Sánchez Ramírez, que fundó la segunda universidad pública del país. Sin embargo, ni el patronato ni la universidad han recibido los recursos que les corresponden por ley, lo que ha resultado en la pérdida de miles de millones de pesos anualmente que debieran invertirse en proyectos de desarrollo local. Esta situación ha dejado a la provincia en desventaja en la distribución de recursos públicos, afectando su capacidad para enfrentar futuros desafíos.

Las recientes protestas en San Juan han revivido el debate sobre la minería, con la consigna «No queremos aquí lo que pasó en Cotuí» resonando entre los manifestantes. Esta frase refleja el rechazo a las condiciones impuestas por la minería y el trato recibido por la provincia durante décadas. La explotación de Pueblo Viejo ha generado asimetrías que amenazan la aceptación pública de la minería en el país.

Para que la República Dominicana pueda aprovechar de manera sostenible sus recursos mineros, es fundamental abordar las injusticias cometidas durante la explotación de la mina de Cotuí. La advertencia de las comunidades es clara: es necesario un cambio en la forma en que se maneja la minería para evitar repetir los errores del pasado.