El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos de los Consumidores (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, afirmó que la lucha contra el comercio ilícito y la competencia desleal es una prioridad estratégica para la República Dominicana. Estas prácticas afectan directamente la salud pública, la economía y la equidad en los mercados.

Alcántara explicó que, a través de una acción coordinada entre instituciones como el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Dirección General de Aduanas (DGA), se busca proteger la industria nacional y garantizar condiciones de competencia justa. Resaltó que la competencia leal y el comercio formal son esenciales para erradicar prácticas ilícitas.

Apoyo gubernamental y seminarios

El funcionario destacó el respaldo del presidente Luis Abinader en las acciones contra la competencia desleal, lo que ha permitido avanzar en la defensa del comercio formal. Alcántara participó en el seminario “Competencia Justa y Comercio Formal: Desafíos para la República Dominicana”, donde abordó la importancia de la articulación institucional para fortalecer la competencia justa.

Valorizó la iniciativa de la Coalición Dominicana para la Competencia Justa (Codocom), señalando que fomenta el diálogo entre los sectores público y privado. Estos espacios son cruciales para discutir problemáticas que impactan el comercio y la producción formal.

Desafíos y operativos

A pesar de los avances, Alcántara advirtió que persisten desafíos en la regulación del mercado. Es fundamental actuar con firmeza para proteger el comercio formal, especialmente en áreas críticas como medicamentos y productos de consumo masivo.

El director de Pro Consumidor enfatizó que el comercio ilícito no solo afecta la economía, sino que representa un riesgo para la población. Informó que han intensificado operativos a nivel nacional, logrando retirar millones de unidades de productos falsificados del mercado.

Finalmente, Alcántara subrayó la necesidad de enfrentar estos desafíos con determinación y promover el fortalecimiento de la producción nacional, asegurando la seguridad de los consumidores en el acceso a bienes y servicios.