Un tribunal en Bolivia ha programado para el próximo lunes el inicio del juicio oral contra el expresidente Evo Morales por el delito de trata agravada de personas. Esta acusación se relaciona con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija en 2016, durante su mandato presidencial, según informaron fuentes judiciales.

El juicio se llevará a cabo en el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres en la ciudad de Tarija, comenzando a las 08:20 hora local (12:20 GMT). El tribunal también ha solicitado a la Policía que implemente medidas de seguridad debido a la naturaleza del caso.

El abogado de Morales, Nelson Cox, confirmó la citación de su cliente, pero aseguró que no se presentará a la audiencia, argumentando que no se ha cometido ningún delito y que el proceso es una «acusación forzada y falsa» con fines mediáticos.

Cox destacó que el proceso no ha seguido los procedimientos adecuados, mencionando que se excluyó una declaración de la joven en la que afirmaba no haber sido víctima de trata. Anunció que presentarán un recurso ante el tribunal para denunciar lo que consideran un proceso «arbitrario» contra el exmandatario, quien se encuentra refugiado en la zona cocalera del Trópico de Cochabamba.

Ante la ausencia de Morales, el tribunal intentó notificarlo mediante un edicto publicado en los medios, pero no tuvo éxito. Los fiscales han recopilado más de 170 pruebas en su contra para el juicio, según el fiscal Departamental de Tarija, José Mogro.

La acusación se basa en la presunta obtención de beneficios laborales por parte de la madre de la joven, quien también enfrenta cargos, debido a la relación de su hija con Morales. El exgobernante, en un mensaje publicado en X, acusó al Gobierno de Rodrigo Paz de llevar a cabo una «brutal persecución judicial y mediática» en su contra.

Morales no hizo mención directa a su citación en el juicio, pero criticó que el Gobierno solicitara a Estados Unidos información sobre su supuesta conexión con redes de narcotráfico. En sus declaraciones, cuestionó el sometimiento del Gobierno a EE.UU. y denunció intentos de desestabilización en su contra.