La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, negó este martes su participación en un supuesto esquema de fraude electoral que implicaría obtener votos de presos a cambio de drogas, según un reportaje de ProPublica. La mandataria aseguró que las acusaciones son un intento de dañar su reputación y rechazó cualquier imputación sobre actos ilegales.

El informe de ProPublica señala que miembros de la pandilla carcelaria Los Tiburones habrían estado vendiendo drogas a reclusos a cambio de sus votos, específicamente para González Colón, quien es republicana y respalda al presidente Donald Trump. Cuatro fuentes con conocimiento del caso indicaron que los investigadores habían reunido pruebas contundentes de fraude electoral que involucraban a reclusos y personal penitenciario, y estaban evaluando si la gobernadora o su campaña estaban implicadas.

Sin embargo, el reportaje también menciona que, tras la elección de Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo la investigación sobre este presunto esquema en Puerto Rico. González Colón afirmó que las alegaciones de intervenciones indebidas son completamente falsas y que cualquier investigación federal, si existiera, debería ser anterior a su administración.

La gobernadora destacó que a lo largo de su carrera ha combatido la corrupción y ha respetado los procesos democráticos. Reconoció que durante la campaña de 2024 se reunió con familiares de presos interesados en su rehabilitación, pero lo hizo como parte de su compromiso de escuchar a todos los sectores de la población.

González Colón también subrayó que, en la primaria electoral de 2024, la población correccional votó mayoritariamente en contra de ella y a favor del exgobernador Pedro Pierluisi. Esta afirmación refuerza su postura de que no hubo manipulación de votos a su favor.

En diciembre de 2024, un mes después de que González Colón ganara las elecciones, un gran jurado federal acusó a 34 personas por tráfico de drogas en las cárceles de la isla. Las denuncias incluyeron cargos por distribución de narcóticos, lavado de dinero y posesión de armas, aunque no se presentaron cargos criminales relacionados con el esquema de votos por drogas.