La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) expresó su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo de paralizar el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) del proyecto Romero, ubicado en San Juan. La entidad advierte que esta medida podría tener efectos negativos a nivel institucional, económico y en la confianza de los inversionistas.

A través de un comunicado, Camipe sostuvo que detener este proceso técnico, fundamental para garantizar que la actividad minera se realice con altos estándares ambientales, no contribuye a la protección del medioambiente, sino que limita el análisis riguroso que corresponde. La organización insistió en que cualquier decisión sobre proyectos de alto impacto debe basarse en criterios técnicos y evaluaciones ambientales.

Camipe también destacó la importancia del cumplimiento legal y el respeto al debido proceso, en coherencia con el Plan META 2036. Además, consideró que la situación actual evidencia la necesidad de una nueva Ley de Minería que fortalezca la seguridad jurídica, la transparencia y la participación social, estableciendo reglas claras para el desarrollo del sector.

La entidad subrayó que el debate sobre la minería no debe ser visto como una confrontación entre desarrollo económico y protección ambiental, sino como una oportunidad para consolidar un modelo de minería sostenible. Este modelo debe estar sustentado en evidencia técnica, fiscalización rigurosa y diálogo con las comunidades.

Camipe reiteró que el país no debe elegir entre crecimiento económico y protección ambiental, sino avanzar hacia una minería responsable, regulada y socialmente consensuada. Para lograr esto, la organización considera que es necesaria una reforma normativa que modernice el marco legal vigente.