En República Dominicana, la reciente protesta en San Juan, donde la Policía y los antimotines se enfrentaron a manifestantes, pone de manifiesto una serie de problemas subyacentes relacionados con la minería y una reforma fiscal silenciosa. La situación refleja un patrón en el que se manejan narrativas para desviar la atención de decisiones importantes que se toman sin un debate público adecuado.

El caso del proyecto Romero de GoldQuest Mining Corp es un claro ejemplo de esta dinámica. Aunque el presidente Luis Abinader anunció la detención del proyecto como una respuesta a la presión social, esta decisión no fue proactiva, sino reactiva, ya que la oposición había crecido de manera insostenible.

El gobierno ha intentado enmarcar la historia del proyecto como algo que comenzó en 2005, lo que implica que es un legado de administraciones anteriores. Sin embargo, esta narrativa es incompleta, ya que la empresa está presente en el país desde 2001, lo que indica que el proyecto ha estado en desarrollo durante más de dos décadas, involucrando a todos los gobiernos en un mismo modelo de concesiones y evaluaciones.

Este modelo beneficia principalmente a grandes inversionistas, quienes se enfocan en descubrir y aumentar el valor de los proyectos para luego venderlos a empresas más grandes, como Barrick Gold. Aunque el Estado recibe impuestos y regalías, estos son limitados debido a incentivos y acuerdos que reducen los ingresos reales, mientras que las comunidades locales enfrentan el impacto ambiental y social.

El dilema del agua y el oro

El conflicto en San Juan no se reduce a la minería, sino que plantea una pregunta más profunda sobre el valor de los recursos naturales: ¿Qué es más valioso, el agua o el oro? Esta discusión se desarrolla en un contexto donde, al mismo tiempo, el gobierno está implementando cambios fiscales de manera discreta.

Aunque el gobierno asegura que no ha creado nuevos impuestos, en la práctica está ampliando la base tributaria mediante la facturación electrónica, lo que resulta en un mayor control y más ingresos. Además, la inflación afecta el poder adquisitivo, haciendo que, aunque se ajusten los tramos del impuesto sobre la renta, las personas terminen pagando más.

El paquete de RD$40,000 millones anunciado por el gobierno no representa dinero nuevo, sino un ajuste de subsidios y recortes en otras áreas. Esto refleja una estrategia para manejar el momento político sin perder el control económico, aunque a costa de una presión fiscal creciente.

Una alerta para el futuro

La combinación de la situación en San Juan, la minería y la reforma fiscal revela una lógica preocupante que podría llevar a un costo acumulado. La clase media, las pequeñas empresas y la percepción de injusticia social están en riesgo de aumentar, lo que podría desencadenar más conflictos.

Es crucial que la clase política, la sociedad civil y los sectores económicos mantengan una vigilancia activa sobre esta dinámica. Las decisiones fragmentadas y la falta de transparencia pueden generar tensiones que, si no se abordan, podrían resultar en una crisis social más profunda.