La expansión de la explotación minera en zonas cercanas a valles productivos en San Juan ha generado preocupación debido a su impacto en el medio ambiente y la seguridad alimentaria. La Constitución de la República Dominicana, en su Artículo 66, garantiza el derecho a un medio ambiente sano, mientras que el Artículo 67 impone al Estado la responsabilidad de prevenir la contaminación y proteger los recursos naturales. Esta situación se agrava en el contexto de la crisis alimentaria global y el estrés sobre los sistemas agrícolas.
La explotación minera no solo implica desarrollo económico, sino que afecta profundamente los ecosistemas que sostienen la vida. La Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales establece que cualquier actividad que degrade el medio ambiente debe someterse a una evaluación de impacto ambiental antes de su ejecución. Esto es crucial para evitar daños irreversibles en áreas de recarga hídrica y agrícolas.
Métodos de explotación minera y sus impactos
Existen diferentes métodos de explotación minera, cada uno con su propio nivel de impacto ambiental. La minería a cielo abierto, promovida en Romero por GoldQuest Mining Corp., es la más invasiva, ya que elimina la capa vegetal y altera el relieve. Por otro lado, la minería subterránea, aunque menos visible, puede afectar la estabilidad del subsuelo y los flujos de agua subterránea.
Además, la lixiviación en pilas y la flotación son procesos químicos que utilizan sustancias tóxicas, como el cianuro y el ácido sulfúrico, que pueden contaminar el agua si ocurren derrames. Estos métodos, aunque controlados por las empresas, presentan riesgos significativos de filtraciones y accidentes que pueden tener consecuencias a largo plazo.
El Valle de San Juan de la Maguana es un área crítica para la exploración minera, ya que se ubica en la parte alta de la Cordillera Central, donde nacen las cabeceras de la cuenca del río San Juan. Alterar esta zona implica intervenir en el origen del sistema hídrico que sostiene el valle agrícola, lo que contradice el mandato constitucional de proteger los recursos hídricos.
Impactos internacionales y la necesidad de protección
Experiencias internacionales han demostrado que la minería puede tener efectos devastadores en el medio ambiente. En Perú y Bolivia, se ha documentado la contaminación de aguas agrícolas por metales pesados, mientras que en Chile, la minería ha contribuido a la reducción de acuíferos. En América del Norte, la minería de carbón ha mostrado cómo los contaminantes afectan a diversas especies, y en Europa, los metales pesados pueden permanecer en el ambiente durante décadas.
La discusión sobre la minería en el Valle de San Juan no puede limitarse a promesas de mitigación. La estabilidad del sistema agrícola depende de la protección de sus cabeceras hidrográficas. La seguridad alimentaria está en juego, y cualquier alteración del agua o del suelo tiene repercusiones que trascienden lo local.
Por tanto, cualquier explotación minera que comprometa zonas de recarga hídrica entra en conflicto con la legislación vigente y los principios de desarrollo sostenible. La incoherencia entre el discurso de economías “verdes” y las prácticas extractivas contaminantes plantea un dilema que debe ser abordado con urgencia.
