Defensores de los derechos civiles han presentado una demanda para bloquear partes de una ley en Texas que permite a las policías locales y estatales, así como a jueces, arrestar y deportar a personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. La demanda fue interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, solicitando a un tribunal federal que impida la entrada en vigor de varias disposiciones del Proyecto de Ley del Senado 4 (SB4) programadas para el 15 de mayo.

Esta ley, considerada una de las más extremas en materia de inmigración aprobadas por cualquier estado en EE.UU., fue aprobada en 2023, pero su implementación había sido pausada debido a una demanda previa de la ACLU. Sin embargo, un Tribunal de Apelaciones falló recientemente en contra de los demandantes, argumentando que no tienen derecho procesal para presentar esta nueva demanda.

Detalles de la demanda

La norma establece como un crimen estatal la entrada irregular desde México, con penas que pueden llegar hasta seis meses de cárcel o 20 años para reincidentes. La querella busca impedir la aplicación de cuatro disposiciones específicas: criminalizar el reingreso sin autorización al país, el incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con inmigración, otorgar a jueces el poder de ordenar deportaciones y exigir que continúen procesos judiciales contra personas con casos migratorios pendientes.

Adriana Piñon, directora legal de la ACLU de Texas, expresó que el S.B. 4 convertiría a la policía y a los jueces en agentes de inmigración, afectando a vecinos que han vivido en el estado durante años, incluso a aquellos con estatus legal. Piñon enfatizó que la aplicación de las leyes de inmigración es competencia exclusiva del gobierno federal y que ningún estado ha intentado ejercer el poder que Texas busca implementar.

Contexto político

La ley SB4 entrará en vigor en un contexto donde el gobernador Greg Abbott ha instado a las principales ciudades de Texas, como Houston, Dallas y Austin, a no limitar la colaboración entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Esto se produce en medio del descontento ciudadano hacia las políticas de inmigración estrictas impulsadas durante el gobierno de Donald Trump.