La licitación de autobuses de la OMSA ha suscitado dudas e interrogantes sobre la transparencia institucional, tras declaraciones del funcionario Pimentel en una entrevista en el programa DespiertaRD. Pimentel aseguró que la investigación se inició de oficio tras denuncias en medios, afirmando que no había recibido “ningún recurso ni nada formal” sobre el proceso de licitación.

No obstante, documentos de la DGCP contradicen esta afirmación. Una comunicación fechada el 10 de abril de 2026 indica que la entidad recibió una impugnación formal de una de las empresas participantes, que solicitaba una revisión del proceso por supuestas irregularidades administrativas.

Según los registros, la solicitud fue rechazada argumentando que la empresa reclamante era una “parte interesada” en el proceso. Sin embargo, la Ley de Compras y Contrataciones establece que los oferentes tienen derecho a presentar recursos y reclamaciones ante posibles anomalías.

Cuestionamientos sobre la investigación

Pimentel defendió la actuación de su institución, afirmando que tienen la facultad de iniciar investigaciones de oficio con solo recibir denuncias. A pesar de esto, reiteró que la institución no había sido formalmente apoderada del caso.

Las revelaciones han intensificado los cuestionamientos sobre la transparencia y el manejo del proceso de contratación para la rehabilitación de los autobuses de la OMSA. También se pone en tela de juicio el papel de los organismos encargados de supervisar las compras públicas.

La situación ha generado un clima de incertidumbre entre las empresas participantes y la opinión pública, que exige claridad en el manejo de los recursos del Estado. La falta de información precisa podría afectar la confianza en futuros procesos de licitación.

Los organismos responsables de la supervisión de las compras públicas enfrentan ahora un reto importante para demostrar su compromiso con la transparencia y la legalidad en el uso de los recursos del Estado.