A partir del 6 de agosto de 2026, entrará en vigencia el nuevo Código Penal en la República Dominicana, que sanciona la difusión de audios, imágenes o videos sin el consentimiento de la persona involucrada. La pena por esta infracción oscila entre seis meses y un año de prisión, además de una multa de uno a dos salarios mínimos del sector público. Si el contenido es alterado o falso, la pena puede aumentar a cinco años de prisión.

El artículo 192 del nuevo Código Penal establece que la difusión de contenido sin autorización escrita puede acarrear severas consecuencias. En caso de que el material sea íntimo, sexual o comprometa la dignidad de la persona, la pena puede elevarse a entre cinco y diez años de prisión, así como multas que van de diez a veinte salarios mínimos del sector público.

Las circunstancias que agravan la pena incluyen la difusión con intención de chantaje, extorsión o venganza, así como si la víctima es un menor de edad, un adulto mayor, una mujer embarazada o una persona con discapacidad. También se considera un agravante si la difusión es realizada por alguien en una posición de autoridad sobre la víctima o si se realiza a través de plataformas digitales de acceso masivo.

Los medios de comunicación y las plataformas digitales deberán adaptarse a esta nueva legislación, ya que la difusión no autorizada de contenido puede resultar en sanciones significativas. Esto implica que deberán reorganizar la manera en que transmiten información y contenidos para evitar enfrentar las consecuencias legales.

La ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología también se aplica, con penas de hasta siete años de prisión, lo que permite al Ministerio Público acumular cargos por diferentes infracciones. Esto significa que las personas que utilicen redes sociales y otras plataformas deben ser conscientes de las implicaciones legales de sus acciones, incluso si estas se realizan fuera del territorio dominicano.

Es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados sobre estas nuevas regulaciones para evitar sanciones severas. La falta de conocimiento sobre la ley no será una excusa válida ante las autoridades.