La República Dominicana ha demostrado su capacidad para generar riqueza a través de la minería, pero aún enfrenta el desafío de convertir esa riqueza en desarrollo territorial sostenible. A pesar de los recursos que produce este sector, muchos territorios continúan enfrentando carencias significativas, lo que plantea interrogantes sobre la responsabilidad del Estado, los gobiernos locales y las instituciones encargadas de gestionar esos recursos.

Un claro ejemplo de esta brecha es el 5% de los ingresos mineros que se destina a los municipios impactados. Esta transferencia debe ser más que un simple acto administrativo; necesita trazabilidad, planificación y rendición de cuentas públicas que garanticen resultados tangibles. La efectividad de estos fondos no puede medirse únicamente por lo que ingresa al fisco, sino también por lo que se traduce en beneficios concretos para las comunidades.

Desafíos en la gestión de recursos

La necesidad de un mecanismo jurídico que garantice la trazabilidad de esos fondos es evidente. Se plantean opciones como un fondo fiduciario con auditoría independiente o una cuenta vinculada a indicadores de desempeño territorial. Además, surge la pregunta sobre qué entidad debería administrar esta agenda, ya sea a través de los ayuntamientos o una entidad supramunicipal con competencias específicas.

La experiencia de países como Canadá y Australia, que son referentes en minería responsable, muestra que el éxito no solo depende del potencial geológico, sino también de la calidad de las instituciones que gestionan esos recursos. Una ley sin instituciones capaces de implementarla se convierte en una buena intención sin efectividad.

La necesidad de una nueva Ley Minera

La discusión sobre una nueva Ley Minera está en curso, con un borrador preparado por el Gobierno que será analizado por el Congreso. Sin embargo, si esta conversación no aborda el marco jurídico e institucional necesario para garantizar una transformación territorial efectiva, se corre el riesgo de aprobar una ley moderna que no resuelva problemas estructurales existentes.

El verdadero reto radica en cómo el Estado y sus instituciones administran los recursos generados por la minería. Esta situación incomoda a todos los actores involucrados: el Gobierno central, los gobiernos locales y las empresas, ya que revela debilidades en la planificación y la rendición de cuentas. Además, exige a la sociedad un compromiso para abandonar posiciones simplistas sobre el tema.

Por lo tanto, la pregunta crucial no es solo si queremos minería, sino si somos capaces de gestionar de manera inteligente y honesta la riqueza que esta genera. En el siglo XXI, la minería debe ser evaluada no solo por lo que extrae de la tierra, sino por lo que deja en ella.