En República Dominicana, la reducción de la mora judicial se ha presentado como uno de los logros más destacados del sistema de justicia, un objetivo que busca evitar que la justicia tardía se convierta en justicia denegada. Sin embargo, este avance plantea la interrogante sobre el costo de dicha eficiencia y cómo afecta el acceso a la justicia.

Se ha observado un aumento en la inadmisión de recursos en el ámbito de la casación, ya sea por falta de interés casacional o por caducidad. Estos mecanismos son necesarios para evitar la sobrecarga de la Suprema Corte de Justicia, pero su uso intensivo genera preocupación sobre si la reducción de la mora se está logrando a expensas del control de legalidad.

Impacto en el acceso a la justicia

El interés casacional no debe convertirse en un filtro excesivo que impida la revisión de errores judiciales relevantes. Cuando la inadmisibilidad se convierte en una práctica común, el sistema corre el riesgo de priorizar la cantidad de decisiones sobre la calidad del análisis judicial.

La caducidad del recurso de casación, aunque es una sanción válida frente a la inactividad procesal, no debe aplicarse de manera mecánica. El rigor formal no puede prevalecer sobre el derecho de acceso a la justicia, especialmente en casos que afectan derechos fundamentales.

Si bien se argumenta que estas herramientas contribuyen a la eficiencia, es crucial diferenciar entre resolver expedientes y resolver conflictos. La inadmisibilidad a menudo cierra procesos sin abordar el fondo del problema.

Además, el mensaje institucional que se envía es preocupante. Condicionar el acceso a la justicia a filtros imprecisos puede hacer que los ciudadanos sientan que el sistema no está diseñado para proteger sus derechos, debilitando así la confianza en la justicia.

Condiciones de los jueces y calidad de la justicia

Desde una perspectiva constitucional, el artículo 149 de la Constitución establece que la función judicial incluye hacer ejecutar lo juzgado, lo cual no puede cumplirse plenamente si el acceso a las instancias de revisión se limita de manera desproporcionada. La tutela judicial efectiva requiere no solo la existencia formal de recursos, sino también la posibilidad real de que sean considerados y decididos adecuadamente.

La condición material de los jueces es otro aspecto importante. La calidad de la justicia depende de una judicatura bien remunerada y capaz de ejercer sus funciones sin presiones externas. Sin embargo, esto debe ir acompañado de mayores niveles de exigencia y compromiso con el examen de fondo de los casos.

El verdadero desafío radica en reducir la mora sin sacrificar la calidad de las decisiones ni el acceso a la justicia. Un sistema eficiente debe ofrecer respuestas justas y accesibles, y no ser evaluado únicamente por la cantidad de casos cerrados.

En resumen, la eficiencia judicial es necesaria, pero limitar el acceso efectivo a la casación podría resultar más problemático que la propia mora. La clave está en decidir mejor, no solo más rápido.