El Gobierno cubano defendió la legalidad internacional y el apoyo interno y externo tras la reciente amenaza del presidente de EE.UU., Donald Trump, de «tomar» la isla «casi de inmediato». Esta respuesta se produce en el contexto de una nueva escalada de presión estadounidense, que incluye sanciones a altos funcionarios cubanos y a empresas e individuos de otros países que colaboren con sectores clave de la economía cubana.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó en redes sociales que las amenazas de Trump representan una «agresión militar» sin precedentes y llamó a la comunidad internacional a tomar nota de la situación. Según Díaz-Canel, estas amenazas buscan satisfacer los intereses de un pequeño grupo adinerado y poderoso, refiriéndose a la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida.

Resistencia ante posibles intervenciones

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, coincidió con el presidente en que el objetivo de Trump es complacer a élites que prometen lealtad electoral y financiera. Ambos líderes advirtieron que cualquier intervención militar de EE.UU. enfrentará resistencia a través de la estrategia de defensa conocida como “Guerra de todo el pueblo”, que busca movilizar a la población para hacer insostenible una ocupación.

Díaz-Canel afirmó que «ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba» y destacó la determinación del pueblo cubano de defender su soberanía. Rodríguez también mencionó el respaldo masivo del pueblo a la Revolución, evidenciado en las movilizaciones del Primero de Mayo.

En un evento en La Habana, el Gobierno cubano mostró su apoyo internacional, con la participación de 766 personas de 152 organizaciones y 36 países. Díaz-Canel hizo referencia a la situación en Venezuela, sugiriendo que no habrá sorpresas ni derrotas en Cuba.

Intensificación de las sanciones

Trump, quien aseguró que «tomará el control» de Cuba, también anunció que redoblará la presión económica a través de una nueva orden ejecutiva que extiende las sanciones a casi cualquier persona o empresa no estadounidense que mantenga relaciones comerciales con la isla. Esto incluye sectores como la energía, la defensa y las finanzas.

La nueva orden ejecutiva permite bloquear activos en EE.UU. de quienes operen en estos sectores o hagan negocios con el Gobierno cubano. Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Cuba de permitir la presencia de servicios de inteligencia de adversarios de EE.UU. en su territorio.

El Senado estadounidense también rechazó una propuesta demócrata que buscaba limitar las operaciones militares que Trump podría ordenar sobre La Habana. Desde enero, Washington ha intensificado su presión económica, lo que ha llevado a un bloqueo petrolero que ha paralizado casi totalmente la entrada de crudo y combustibles a la isla, generando apagones y una economía en crisis.

Trump y Rubio han instado a La Habana a cambiar su sistema económico y político, y aunque han reconocido conversaciones en curso, no se han hecho públicos los avances. La celebración del Primero de Mayo se convirtió en una manifestación de apoyo a la soberanía nacional frente a la creciente presión de EE.UU.