Más de un millar de trabajadores se manifestaron el viernes en Caracas para protestar contra un incremento salarial anunciado por el gobierno que consideran insuficiente. Este aumento, que elevó el «ingreso mínimo integral» de 190 a 240 dólares mensuales, fue calificado por los manifestantes como una «burla».

El incremento, que representa un 26%, fue anunciado por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien no proporcionó mayores detalles sobre su implementación. Este ingreso incluye un esquema de bonificaciones que no se contabiliza para la cotización de los trabajadores, lo que significa que no afecta el cálculo de pensiones ni subsidios. En contraste, el salario mínimo, congelado desde 2022, apenas alcanza los 30 centavos de dólar, una cifra irrisoria en un país con alta inflación.

Reacciones de los trabajadores

Alrededor de 1,500 trabajadores, sindicalistas y pensionistas marcharon por el centro de Caracas, coreando «bono no es salario». La protesta se extendió por unos cuatro kilómetros, mientras que decenas de agentes policiales antimotín bloquearon algunas vías, aunque no se reportaron enfrentamientos.

«Es una burla, es un engaño», expresó Franklin Velásquez, un líder sindical de 61 años. «Hoy los trabajadores de Venezuela no sabemos cuál es el salario mínimo y esto es, repito, una burla», agregó, reflejando el descontento generalizado entre los manifestantes.

El gobierno ha recurrido a bonos para intentar mejorar los ingresos de los trabajadores, quienes perciben el salario mínimo más bajo de la región, el cual ha estado congelado durante cuatro años. Rodríguez consideró el reciente aumento como el «más importante en los últimos años» y también anunció un incremento de las pensiones a 70 dólares mensuales.

Contexto económico y social

A pesar de estos ajustes, el aumento salarial queda rezagado frente a una canasta alimentaria básica que para una familia de cinco miembros supera los 700 dólares mensuales. Rodríguez, quien asumió funciones temporales tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en enero, había prometido un incremento salarial «responsable».

Juraina Palacios, una docente de 55 años, expresó su decepción al señalar que esperaba un cambio positivo, pero consideró que lo anunciado fue un «atropello».

Otras manifestaciones más pequeñas también tuvieron lugar en diferentes puntos del país, incluyendo San Cristóbal y Barinas, donde los trabajadores continúan exigiendo mejoras laborales en medio de una economía devastada y una inflación que alcanzó el 475% en 2025, la más alta del mundo.

El gobierno de Rodríguez enfrenta presiones internacionales y ha reformado leyes para atraer inversión extranjera, pero los reclamos de los trabajadores por condiciones dignas persisten en un contexto de crisis económica profunda.