Yan Carlos Martínez, abogado que representa a varias víctimas del colapso de la discoteca Jet Set, defendió en audiencia la existencia de base legal para el dolo eventual en el caso. Esto lo hizo en respuesta a los planteamientos del jurista Miguel Valerio, quien representa a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, y había cuestionado la viabilidad de dicha figura legal.

Martínez criticó las declaraciones de Valerio, quien había calificado a quienes apoyan la tesis del homicidio voluntario con dolo eventual como “agitadores profesionales”. En su respuesta, el abogado afirmó que los argumentos presentados por la defensa carecen de fundamento y los acusó de ser “manipuladores profesionales de la verdad jurídica”.

El abogado enfatizó que el debate no se centra en si los imputados serán llevados a juicio, lo cual ya considera un hecho, sino en la correcta calificación jurídica de los hechos. Aseguró que existen fundamentos legales suficientes para evaluar la conducta de los imputados bajo la figura del dolo eventual, contrariamente a lo que sostiene la defensa.

Martínez explicó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, la determinación del elemento subjetivo en el tipo penal debe realizarse mediante una valoración integral de las pruebas. “La evaluación de las circunstancias y elementos del tipo penal están sujetas a la apreciación de los jueces a través de la libre valoración de la prueba”, indicó.

El abogado también cuestionó la narrativa de la defensa, sugiriendo que su argumento busca eximir de responsabilidad a los imputados y a otras entidades involucradas. “Al final del día, lo que le dijeron a usted y al país es que nadie es responsable… los responsables parecen ser las víctimas. Qué triste argumento”, expresó.

Martínez advirtió sobre las consecuencias legales de aceptar la calificación de homicidio involuntario, ya que esto implicaría que el caso sea conocido por un tribunal unipersonal, lo que considera inadecuado dada la magnitud del proceso. “Se le arrebata a las víctimas la posibilidad de ser juzgadas por un tribunal colegiado”, argumentó, defendiendo que un órgano de tres jueces garantizaría una mejor valoración del caso.

En su conclusión, solicitó al tribunal que dictara auto de apertura a juicio por homicidio voluntario, fundamentado en el dolo eventual, al considerar que están presentes los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. También pidió la inmovilización de bienes por hasta 500 millones de pesos relacionados con empresas vinculadas a uno de los imputados.

Martínez cerró su intervención instando al tribunal a tomar una decisión justa y ajustada a derecho, afirmando que “la única decisión posible es que dicte auto de apertura a juicio por homicidio voluntario con dolo eventual como elemento constitutivo”.