Charlie Mariotti, aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), denunció la propuesta del Gobierno de reducir en un 50 % el financiamiento a los partidos políticos, calificándola de “ilegal e inconstitucional”. Según Mariotti, esta medida, aunque pueda ser vista como “popular” ante la opinión pública, representa una herramienta peligrosa de control político.

El dirigente del PLD advirtió que el Ejecutivo está utilizando el contexto económico internacional como una “cortina de humo” para alterar las reglas del juego democrático en un momento crucial de movilización política en el país. “El Gobierno debe tener cuidado con usar la crisis como una herramienta política”, expresó Mariotti.

En su intervención, Mariotti destacó el desequilibrio que esta reducción de financiamiento podría generar en el sistema democrático. Afirmó que el partido oficialista cuenta con todos los recursos públicos para su campaña y movilización, mientras busca asfixiar financieramente a la oposición limitando los fondos que, por ley, les corresponden.

El exsecretario general del PLD fundamentó su rechazo citando los artículos 44 y 45 de la Ley No. 426-06 (LOPSP). Resaltó que, aunque el Gobierno puede establecer topes de gasto, no tiene la facultad de reducir unilateralmente las transferencias a los órganos extrapoder cuando estos fondos ya están comprometidos.

Además, recordó que el artículo 212 de la Constitución otorga a la Junta Central Electoral (JCE) una independencia presupuestaria y financiera que no puede ser vulnerada por el Poder Ejecutivo a través de la DIGEPRES.

“Podrá ser una medida aplaudida por algunos, pero es un atropello institucional”, enfatizó Mariotti. Aclaró que si el Gobierno desea reducir estos fondos de manera permanente, debe someter una modificación a la Ley de Presupuesto en el Congreso Nacional. De lo contrario, estaría usurpando funciones y golpeando la autonomía de la JCE.

Finalmente, Mariotti consideró contradictorio que se pida “sacrificio” a las organizaciones políticas bajo el argumento del alza en el precio del petróleo, mientras el gasto en publicidad oficial y nómina pública no muestra una reducción equivalente. “La democracia tiene un costo, y lo que se busca aquí no es ahorro, sino ventaja electoral”, concluyó.