WASHINGTON. – El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este jueves una ley bipartidista que fue aprobada por la Cámara baja para financiar gran parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Con esta acción, se pone fin a un cierre parcial que se había prolongado durante más de 10 semanas.

Sin embargo, el acuerdo no incluye a las agencias migratorias, cuyo presupuesto se discutirá por separado en el futuro.

La Casa Blanca confirmó la firma del acuerdo, subrayando que este garantiza la continuidad de operaciones clave del Departamento de Seguridad Nacional.

Entre estas operaciones se encuentran la seguridad aeroportuaria, la protección de altos funcionarios y la respuesta a emergencias.

Este respaldo es crucial para mantener la funcionalidad de estas áreas esenciales en el país.

El texto fue previamente aprobado por el Congreso con el apoyo tanto de demócratas como de republicanos, tras semanas de negociaciones que estuvieron marcadas por desacuerdos sobre el financiamiento de las agencias migratorias.

Estas agencias quedaron excluidas del paquete de financiamiento y se abordarán en una legislación separada en las próximas semanas.

El cierre parcial había estado activo desde el 14 de febrero, debido al boicot de los demócratas en la aprobación de presupuestos.

Esta protesta se originó tras la muerte de dos ciudadanos en enero a manos de agencias de inmigración, que dependen del Departamento de Seguridad Nacional, en el contexto de las grandes redadas autorizadas por el Gobierno de Trump.

Como resultado, tanto el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) quedan excluidas de la medida de financiamiento aprobada.

Esto significa que no se asignarán recursos para la aplicación de leyes migratorias, lo que representa una concesión significativa a los demócratas.

Desafíos en la negociación de reformas migratorias

A pesar de la aprobación del acuerdo, persiste la incertidumbre sobre la negociación de reformas a las leyes migratorias.

En particular, se discuten los atributos y límites de actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Este tema se convierte en un punto de fuerte tensión política entre los demócratas y los republicanos.

Los demócratas exigen mayores controles sobre el uso de la fuerza, la identificación de los agentes y las detenciones.

Por su parte, los republicanos buscan ampliar los recursos y capacidades operativas de estas agencias en futuras legislaciones.

Este escenario refleja la complejidad del debate migratorio en el país y la necesidad de un consenso que satisfaga a ambas partes.