La situación en el estado de Sinaloa ha tomado un giro inesperado, ya que se alega que varios funcionarios, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, están vinculados al narcotráfico y han facilitado operaciones del cartel a cambio de sobornos.

Estas acusaciones han llevado a la Fiscalía General de la República (FGR) de México a iniciar una investigación formal para determinar la veracidad de estas afirmaciones.

Este miércoles, la FGR anunció que se buscarán «datos de prueba» que respalden la acusación formulada por el Departamento de Justicia de EE.

UU. contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios. Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, enfatizó que la investigación se llevará a cabo para conocer si existen fundamentos legales que justifiquen la solicitud de órdenes de aprehensión.

Investigación en curso por vínculos con el narcotráfico

Lara López aclaró que, según la legislación mexicana, para que se emita una orden de aprehensión es necesario presentar pruebas que indiquen que una persona ha cometido un delito.

Además, mencionó que, conforme al Tratado Bilateral, la extradición solo se concederá si se determina que las pruebas son suficientes para sustentar las acusaciones.

El fiscal también subrayó que cualquier solicitud de detención provisional o extradición del Gobierno de EE.

UU. a México debe mantenerse en confidencialidad, lo que contrasta con la divulgación pública de la acusación por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Esta situación ha generado preocupación sobre la posible violación de las normas procesales que rigen estos procedimientos.

Acusaciones y reacciones de los implicados

La declaración de la FGR se produjo pocas horas después de que el Departamento de Justicia de EE.

UU. anunciara una acusación formal contra el gobernador y otros funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas.

Se alega que los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitado información sensible y permitido el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, todo a cambio de sobornos millonarios.

Entre los acusados se encuentran el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.

A través de sus redes sociales, el gobernador Rocha Moya ha negado «categóricamente» las acusaciones, al igual que el presidente municipal Gámez Mendivil, quien es conocido por su cercanía con el gobernador.