El Tribunal Supremo de EE.UU. se encuentra este miércoles evaluando si el Gobierno de Donald Trump posee la autoridad para revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS), el cual resguarda de la deportación a aproximadamente 360.000 haitianos y sirios.
Este caso no solo es crucial para los beneficiarios de estas nacionalidades, sino que también sentará un precedente para todos aquellos que dependen de este importante beneficio migratorio.
Esta es la primera vez que la máxima corte estadounidense escucha una demanda relacionada con el programa TPS, diseñado para proteger a extranjeros que no pueden regresar a sus países de origen de manera segura debido a situaciones de emergencia, como guerras o desastres naturales.
En esta ocasión, los nueve jueces analizarán la querella contra la decisión de la Administración de Trump de eliminar el TPS que ampara a cerca de 350.000 haitianos y 6.100 sirios, argumentando que dicho amparo es «contrario al interés nacional».
La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que los inmigrantes podían retornar de manera segura a sus países, lo que llevó a beneficiarios de ambas nacionalidades a recurrir a los tribunales.
Jueces federales del Distrito de Columbia y Nueva York se alinearon con los demandantes, sosteniendo que Noem había infringido la ley federal que regula las acciones de las agencias administrativas.
Un caso emblemático para la comunidad migrante
El caso ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo de la lucha por la defensa del TPS, un programa establecido por el Congreso en 1990, que otorga al Ejecutivo estadounidense la facultad de designar protección a ciertos grupos.
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, enfatizó la importancia de la audiencia al señalar que, aunque el caso se centra en Siria y Haití, la decisión impactará a toda la comunidad que se beneficia del TPS.
Actualmente, hay alrededor de 1,3 millones de inmigrantes de 17 países bajo el amparo del TPS, conocidos popularmente como ‘tepesianos’.
Sin embargo, la Administración de Trump ha revocado un número significativo de estos estatus, incluyendo a los venezolanos, quienes también están inmersos en una batalla legal.
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria de la Universidad de California Los Ángeles, criticó la gestión de Trump, afirmando que ha «destrozado» la ley que otorga el TPS.
Movilización y advertencias sobre el futuro del TPS
Arulanantham también señaló que el Gobierno ha «demonizado» a los beneficiarios del TPS y ha atacado de manera «implacable» el programa, que ha sido utilizado tanto por administraciones republicanas como demócratas.
Megan Hauptman, abogada del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, advirtió que EE.UU. está en medio de una campaña masiva para despojar a los inmigrantes de su estatus legal y deportarlos a situaciones de peligro.
Más de 600 inmigrantes amparados por el TPS han viajado desde diversas partes del país para asistir a la audiencia, algunos de los cuales podrán ingresar a la corte, mientras que otros se manifestarán afuera.
José Urias, un salvadoreño beneficiario del TPS que ha estado luchando por la defensa del programa desde 2017, enfatizó que este día es crucial para mostrar unidad entre los inmigrantes, ya que el impacto de la decisión afectará a todos los deportados.
Urias, quien ha residido más de 30 años en EE.UU., se mostró optimista, afirmando que «ya ganamos una vez, lo podemos volver a hacer».
Hauptman concluyó advirtiendo que la eliminación del TPS sería «el mayor esfuerzo de ‘desdocumentación’ en la historia de Estados Unidos», y que si el Supremo da luz verde al Gobierno de Trump, este no se detendrá en su búsqueda de eliminar otros programas migratorios.
La pregunta que enfrenta la Corte Suprema, de mayoría conservadora, es clara: ¿defenderá el Estado de derecho o permitirá que la Administración Trump lo destruya?
