En un contexto de creciente desconfianza hacia el sistema judicial, Participación Ciudadana (PC), junto a instituciones como el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Foro Ciudadano, la Fundación Friedrich Ebert (FES) y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf), han expresado su preocupación por la posible negativa de algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a someterse al proceso de evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Esta situación se deriva de la falta de confianza en el proceso, especialmente tras las experiencias vividas por las magistradas Pilar Jiménez y Miriam Germán Brito.

Las entidades han señalado que “cuando quienes deben ser evaluados desconfían del proceso, lo que está en riesgo es la legitimidad de la justicia”.

Este pronunciamiento resalta la percepción de que las decisiones del CNM en relación a estas magistradas han sido vistas como injustas y discriminatorias, lo que a su vez afecta la independencia judicial y compromete la legitimidad del sistema en su totalidad.

Riesgos de la falta de evaluación

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) ha advertido que la falta de evaluación podría llevar a que algunos jueces y juezas opten por no participar en el proceso, como reacción a experiencias pasadas que han dejado un sabor amargo.

En este sentido, han solicitado al presidente Luis Abinader la convocatoria inmediata del CNM, dado que el período constitucional de siete años de 11 jueces se cumplió el 4 de abril de 2026.

La organización ha recordado que estos magistrados están pendientes de evaluación, un paso que consideran esencial para determinar su permanencia o eventual sustitución en el cargo.

La ROI ha enfatizado que la falta de convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia, lo que podría tener repercusiones negativas en la percepción de la ciudadanía sobre la justicia.

Importancia de la evaluación judicial

Las entidades han subrayado que la evaluación de desempeño es un mandato constitucional y una garantía de independencia judicial.

Aunque no existe un plazo específico para la convocatoria, la Constitución establece que esta debe realizarse al término de los siete años desde la designación, un principio que debe ser respetado para mantener la integridad del sistema judicial.

La ROI ha advertido que el país se enfrenta a este nuevo proceso con lecciones importantes derivadas de la evaluación realizada en 2025, la cual estuvo marcada por cuestionamientos sobre la falta de transparencia y la ausencia de motivación suficiente en las decisiones.

Además, se ha señalado el uso de criterios no previstos en la normativa vigente, lo que ha generado un clima de desconfianza.

Finalmente, la organización ha insistido en que la evaluación judicial debe regirse por criterios objetivos y aplicarse de manera transparente, respetando el debido proceso y la igualdad de género.

Mientras no se realicen las evaluaciones de desempeño, no será posible convocar un proceso de selección de nuevos jueces y juezas, ya que actualmente no existen vacantes en la SCJ.

En una reciente rueda de prensa, la ROI presentó el “Informe sobre el proceso de evaluación y selección de jueces y juezas de la SCJ y del TSE 2025”, el cual detalla las incidencias del proceso anterior y propone medidas para fortalecer futuros procedimientos.