El ambientalista y coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Luis Carvajal, ha denunciado la existencia de un «desorden histórico» en la explotación de agregados en la provincia de Barahona y San Juan.
Según Carvajal, esta situación se ve facilitada por una presunta «red de complicidades» que permite llevar a cabo estas actividades de forma irregular, poniendo en riesgo ecosistemas críticos y operando al margen de la ley.
Carvajal advirtió que la extracción de materiales, bajo el pretexto de «adecuación de cauce», está devastando el medio ambiente y se ha convertido en una actividad más lucrativa que el narcotráfico.
En este contexto, hace dos años, diversos expertos ambientalistas señalaron que para cualquier proyecto minero en la República Dominicana, como el caso de la grancera en el distrito municipal de El Cachón, se requiere del permiso social ambiental, el cual debe ser otorgado por la comunidad y está contemplado en la ley.
En esa ocasión, Carvajal, junto a especialistas como Fernando Peña y Maritza Ruiz, coincidieron en que este aval es un componente estructural del proceso legal.
Cualquier extracción que ignore este requisito constituye una violación que demanda la intervención de las autoridades competentes, lo que resalta la gravedad de la situación actual en el país.
Situación Crítica en San Juan
La problemática de la explotación irregular de agregados no se limita a Barahona; Carvajal también advirtió que en la provincia de San Juan se replica un escenario crítico con el proyecto «Romero» y otras 20 concesiones mineras que abarcan casi la totalidad de la vertiente norte del valle.
Estas operaciones se pretenden instalar en la cabecera del río San Juan y sobre la presa de Sabaneta, lo que pone en riesgo directo el suministro de agua para el «granero del sur» del país.
Al igual que en Barahona, el experto subrayó que el Estado intenta validar estudios de impacto individuales sin haber realizado primero una Evaluación Ambiental Estratégica.
Este es un requisito legal indispensable para determinar si el territorio puede soportar la actividad minera sin comprometer su eje fundamental: el recurso hídrico, lo que pone en evidencia la falta de planificación y regulación en el sector.
Legitimidad Social y Protección Ambiental
Carvajal hizo especial énfasis en que los proyectos actuales en zonas como La Guázara y El Cachón carecen de legitimidad social.
Según él, los reglamentos de evaluación ambiental obligan a las empresas a presentar los proyectos a la comunidad para su aprobación o rechazo en vistas públicas dirigidas por el Estado, un proceso que asegura ha sido simulado en la región.
«Si la comunidad no aprueba un proyecto, no es posible desarrollarlo», afirmó Carvajal, denunciando que en Barahona se han realizado convocatorias dirigidas por las propias empresas, no por el Ministerio de Medio Ambiente.
Desde una perspectiva técnica, Carvajal señaló que el país necesita agregados, pero la ley prohíbe taxativamente extraerlos de los ríos.
Sin embargo, denunció que las autoridades permiten esta práctica bajo el engaño de supuestas correcciones de cauce que nunca se ejecutan.
En el caso de El Cachón, reportó el desmonte de casi 300 tareas de bosque nativo y endémico, una acción que altera funciones ecológicas fundamentales para la estabilidad de la isla.
Finalmente, el ambientalista lamentó que el Ministerio de Medio Ambiente opere bajo lo que llamó una «red de complicidades», donde la capacidad de actuar depende del poder económico o vínculo político del infractor.
Denunció un «trato diferencial» donde se castiga con severidad a ciudadanos por faltas menores, mientras se ignoran daños ambientales masivos perpetrados por grandes intereses, lo que pone en entredicho la efectividad de las políticas ambientales en el país.
