Este miércoles 30 de abril, el juez encargado de la investigación revisará la medida de prisión preventiva impuesta a Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y a otros seis imputados.
Esta revisión es un procedimiento legal que debe llevarse a cabo cada tres meses, según lo establecido por el Código Procesal Penal.
Los imputados, que presuntamente estafaron a la ARS estatal con más de 15 mil millones de pesos, serán trasladados nuevamente a un tribunal para esta evaluación.
La revisión de la medida de coerción está a cargo del juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien también examinará la situación de otros exfuncionarios de Senasa.
Entre los seis imputados que serán presentados ante el juez se encuentran Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez.
Los otros tres son Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Mientras tanto, los hombres se encuentran cumpliendo 18 meses de prisión en la cárcel Las Parras, ubicada en San Antonio de Guerra, y Ledesma Ubiera está en Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
Detalles sobre la situación legal de los imputados
El Séptimo Juzgado de Instrucción ha informado que aquellos que se encuentran en arresto domiciliario, como el empresario Eduardo Read Estrella y las contratistas del Estado Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina, no están sujetos a esta revisión.
La ley solo contempla la revisión de prisión preventiva para quienes están en centros penitenciarios.
Es importante recordar que el juez Rigoberto Sena, al dictar la medida de coerción el 15 de diciembre del año pasado, otorgó al Ministerio Público un plazo de ocho meses para presentar una acusación formal.
Recientemente, el pasado viernes, se detuvo a Ángel Luis Guzmán Vásquez, el último de los apresados en el caso de corrupción de Senasa, mientras intentaba salir del país.
Implicaciones de la red criminal en Senasa
El Ministerio Público ha calificado a este grupo como una “red criminal” que operó en la ARS Senasa durante los cinco años de gestión de Hazim.
Según la acusación, Hazim y sus colaboradores diseñaron un esquema para “sustraer fondos públicos” mediante mecanismos de corrupción y lavado de activos.
Los fiscales sostienen que los exfuncionarios crearon “programas especiales” sin el respaldo técnico ni financiero necesario, utilizados como conductos para recibir sobornos millonarios.
Las coimas, según la acusación, fueron pagadas por Eduardo Read Estrella, Ada Ledesma Ubiera, Cinty Acosta Sención y Ramón Speakler Mateo, quienes están implicados en el incremento fraudulento de la facturación del Seguro Nacional de Salud.
Entre las irregularidades, se mencionan sobretratamientos a pacientes, como en el caso de pacientes oncológicos, donde se infló el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, citó un ejemplo alarmante, donde a una persona se le realizaron cinco cateterismos innecesarios.
