La comunicadora Joysi Melenciano ha expresado su desacuerdo con las declaraciones de Emma Polanco, presidenta del Consejo de la Cámara de Cuentas.
Polanco afirmó que nunca tuvo la intención de aumentarse el sueldo, a pesar de la controversia que rodeó la propuesta de incremento salarial en la institución.
Melenciano cuestiona esta afirmación, señalando que el rechazo público y la intervención del Senado y el Congreso Nacional fueron necesarios para detener la medida.
La periodista considera que es indignante que una funcionaria que percibe ingresos cercanos al millón de pesos mensuales, además de su pensión como exrectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), argumente la necesidad de un aumento adicional por cumplir con su trabajo.
Melenciano enfatiza que si el desempeño de sus funciones justifica un incremento del 50%, entonces también debería considerarse un aumento para otros profesionales que trabajan en condiciones más difíciles y con salarios mucho más bajos.
Melenciano sostiene que la realización de auditorías no es un mérito extraordinario, sino la función principal para la cual fueron designados los miembros de la Cámara de Cuentas.
Por lo tanto, considera inapropiado justificar aumentos salariales basándose en esta actividad. Además, cuestiona la falta de una auditoría clara sobre la gestión de Polanco durante su tiempo como rectora de la UASD, a pesar de que diversos sectores han solicitado esta información durante años.
Desconexión entre funcionarios y la realidad ciudadana
La comunicadora también comparó la situación de Polanco con la de los maestros que trabajan en aulas precarias, los médicos que carecen de insumos básicos, los bomberos que arriesgan sus vidas por salarios mínimos y los empleados públicos que no han recibido aumentos significativos en años.
Esta comparación resalta la disparidad entre los salarios de altos funcionarios y las condiciones laborales de otros sectores que son esenciales para el funcionamiento del país.
Para Melenciano, las posturas de algunos funcionarios evidencian una profunda desconexión con la realidad del ciudadano común.
Esta desconexión es aún más preocupante cuando se considera que los salarios de estos funcionarios son financiados con los impuestos que paga la población.
La comunicadora lamenta que, en espacios de alta responsabilidad pública, no se comprenda que el verdadero compromiso del servidor público debe centrarse en ofrecer servicios de calidad y no en la búsqueda de privilegios económicos.
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