Amnistía Internacional (AI) expresó su profunda preocupación por el asesinato de cinco jóvenes a manos de las Fuerzas Armadas en un operativo antidrogas en Perú.

La organización solicitó una investigación para determinar si hubo un uso arbitrario o excesivo de la fuerza durante el incidente.

Los hechos ocurrieron el sábado en el distrito de Colcabamba, en la región de Huancavelica.

Una camioneta con al menos siete ocupantes no se detuvo ante la orden militar, lo que llevó al Ejército a abrir fuego durante el operativo antidrogas.

Como resultado, cinco jóvenes perdieron la vida. Ocho militares involucrados fueron detenidos de manera preliminar, pero posteriormente fueron liberados.

Además, se investiga a tres civiles en relación con el caso.

Investigación y testimonios contradictorios

Amnistía Internacional indicó que, inicialmente, las autoridades clasificaron a los jóvenes como presuntos narcoterroristas sin contar con evidencia concluyente.

Sin embargo, testimonios de familiares sugieren que podrían haber sido civiles que regresaban de un evento deportivo.

Un sobreviviente declaró a la Policía que viajaban con bloques de cocaína, pero aseguró que la droga había sido cargada en otro vehículo.

En el automóvil donde viajaban no había constancia de sustancias prohibidas ni armas.

La organización enfatizó que el derecho internacional exige que toda intervención se rija por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

La muerte de cinco personas en estas circunstancias requiere una evaluación del uso de la fuerza por parte de los militares.

Acciones del Ministerio Público

El Ministerio Público de Perú ha iniciado una investigación sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los ocho militares implicados.

La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos está llevando a cabo diligencias urgentes en Colcabamba.

Además, se están recabando pruebas relevantes, incluyendo registros de entrada y salida de vehículos y personas, así como grabaciones de cámaras de videovigilancia en la zona.

Por último, se aplicará el Protocolo de Minnesota, un conjunto de directrices de la ONU para investigar ejecuciones extrajudiciales y muertes sospechosas, en los cuerpos de las víctimas para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.