Los avances en crecimiento económico, estabilidad social y política en la República Dominicana han ocurrido en un contexto de democracia.
Esto sugiere que el verdadero problema no radica en el sistema, sino en la resistencia de los gobernantes a asumir el costo político de aplicar la ley.
En ocasiones, surge la idea peligrosa de culpar a la democracia por el desorden y la inseguridad.
Se le atribuyen fallas como la falta de autoridad y la incapacidad del Estado para cumplir con las reglas.
Al mismo tiempo, se promueven discursos que abogan por una mano dura, como si la raíz del problema estuviera en el sistema y no en la forma en que se ejerce el poder.
La responsabilidad del gobierno
La confusión proviene de que la democracia no es la que decide no aplicar la ley.
Esa decisión recae en los gobiernos, que a menudo optan por evitar el costo político de actuar.
Sin embargo, aplicar la ley puede generar resistencia y afectar intereses.
La experiencia ha demostrado que las decisiones difíciles son las que, a largo plazo, permiten a los gobiernos enderezar rumbos y dejar un legado.
Cuando se evita este costo, se fomenta un comportamiento ciudadano desafiante, creando una cultura donde las normas existen, pero no se aplican.
Esto resulta en instituciones que operan a medias y en una percepción de incoherencia entre el discurso oficial y la realidad.
El desafío de aplicar la ley
Esta brecha no es producto de la democracia, sino de la decisión de no ejercerla plenamente.
En este contexto, surgen narrativas que prometen orden a cambio de reducir controles y concentrar poder.
El politólogo Steven Levitsky advierte que las democracias suelen erosionarse gradualmente. Los actores políticos justifican atajos en nombre de la eficacia, debilitando las reglas que sostienen el sistema.
Reconocer esto no implica idealizar la democracia. En la República Dominicana, se han creado numerosas leyes para resolver problemas simples, pero su aplicación ha sido limitada.
Esta tendencia a legislar sin garantizar la ejecución efectiva ha debilitado la percepción de autoridad del Estado.
No se trata de cuántas normas existen, sino de cumplir consistentemente lo ya establecido.
Por ello, la discusión debe centrarse en cómo se ejerce la democracia. Es fundamental fortalecer la coherencia institucional y aplicar la ley sin excepciones ni cálculos coyunturales.
Cuando las reglas se aplican de manera consistente, la democracia deja de ser vista como un problema y se convierte en un marco que permite ordenar, corregir y sostener el desarrollo en el tiempo.
