A menos de tres meses para que entre en vigor el nuevo Código Penal, previsto para agosto de este año, aumenta la presión para revisar su contenido.

En el Congreso Nacional, persiste el desacuerdo sobre si las modificaciones deben realizarse antes o después de su aplicación.

El debate se ha intensificado tras las declaraciones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.

Este consideró «conveniente» revisar la legislación promulgada en agosto de 2025, luego de más de dos décadas de estancamiento en el Congreso.

Las posiciones en el ámbito legislativo son diversas. Algunos diputados, como Ramón Bueno y Amado Díaz, creen que lo más viable es permitir que la ley entre en vigencia y, posteriormente, introducir las modificaciones necesarias.

Posturas encontradas en el Congreso

Por otro lado, legisladores como Charlie Mariotti y Eugenio Cedeño argumentan que el momento adecuado para hacer correcciones es ahora.

Ellos consideran que el período de vacatio legis debe aprovecharse para identificar y subsanar posibles fallas antes de la aplicación de la ley.

El diputado Ramón Bueno, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), apoya que la ley entre en vigor primero y que luego se realicen los ajustes.

Este mecanismo ya se ha aplicado en otras legislaciones, según su opinión.

En contraste, el diputado Eugenio Cedeño sostiene que esperar a que la ley comience a aplicarse para corregirla sería un «error».

Además, cuestionó el cúmulo de penas aprobado en el Código, señalando que no se adecúa al esquema actual.

Críticas y preocupaciones sobre el Código

El diputado Amado Díaz, vocero del PRM en la Cámara Baja, considera «prematuro» iniciar un proceso de modificación sin que el Código Penal haya sido ejecutado.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de ajustes en el futuro.

Por su parte, Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue más crítico.

Afirmó que el Código Penal «contiene abusos y excesos» que deben corregirse antes de su entrada en vigencia.

Con la fecha de entrada en vigor cada vez más cercana, el Congreso enfrenta el reto de definir si impulsará cambios en el corto plazo o permitirá que la normativa comience a aplicarse antes de introducir ajustes.