Los periodistas acreditados no pudieron ingresar a la Casa Rosada este lunes, cuatro días después de que el gobierno de Javier Milei bloqueara su acceso, alegando motivos de espionaje.
Esta situación ha generado un llamado al diálogo por parte de la Iglesia Católica.
Monseñor Jorge Lozano, responsable de Comunicación Social del Episcopado, se presentó en la Plaza de Mayo para mostrar su solidaridad con los periodistas afectados.
«Estamos sorprendidos por la decisión de cancelar la autorización de todos los que están acreditados», declaró Lozano.
Algunos periodistas, por temor a represalias, optaron por no exponerse ante las cámaras. «Ahora somos ‘acreditados de la Plaza de Mayo’, es lamentable», comentó uno de ellos bajo condición de anonimato.
Medidas y Reacciones
La medida de bloqueo fue implementada el jueves pasado, afectando a medio centenar de periodistas.
El gobierno la justificó como una acción «preventiva». Ante esta situación, el diario Ámbito Financiero presentó un amparo judicial y el sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) está preparando acciones similares.
Lozano expresó su preocupación por la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada sobre las acciones del gobierno. «Son varios derechos que están siendo vulnerados», afirmó.
La Iglesia, a través del Episcopado, también hizo un llamado al diálogo y a «erradicar discursos de odio».
La Casa Militar, encargada de la seguridad en la Casa Rosada, investiga a dos periodistas por haber grabado en áreas restringidas.
Relación Tensa con la Prensa
Los periodistas involucrados sostienen que contaban con los permisos necesarios y que los lugares filmados son frecuentados por niños en visitas escolares.
La relación entre Milei y la prensa ha sido tensa, con el presidente descalificando a los medios en diversas ocasiones.
Organizaciones como la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) han expresado su preocupación por el impacto de esta decisión en la libertad de expresión.
ADEPA subrayó que esta acción afecta los pilares fundamentales del sistema democrático, como el derecho a la información.
La situación sigue siendo monitoreada por diversas entidades y la comunidad periodística.
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