El enjuiciamiento de los crímenes ambientales se realiza bajo un marco jurídico específico, conocido como el Estatuto de Roma.

Este documento establece los elementos de los crímenes y las Reglas de Procedimiento y Prueba que guían su interpretación y aplicación.

La Corte Penal Internacional considera, al interpretar estos documentos, los tratados y principios aplicables. Esto incluye normas de derecho internacional, así como aspectos del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional ambiental.

La labor de la Fiscalía de la Corte está regida por el artículo 21, párrafo 3, del Estatuto de Roma.

Este artículo establece que la aplicación e interpretación del Estatuto deben ser compatibles con los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

Derechos Humanos y Crímenes Ambientales

Los derechos relevantes para investigar y enjuiciar los crímenes ambientales incluyen el derecho a la vida, a la integridad física, y a un medio ambiente limpio.

También se consideran el derecho a la salud, a un suministro adecuado de alimentos y agua, y a una vivienda digna.

Además, se toman en cuenta derechos como la privacidad, la libertad de circulación, y la participación en la vida cultural.

Los derechos del niño también son un aspecto importante en este contexto.

Cualquier caso de crímenes ambientales que investigue la Fiscalía debe cumplir con los requisitos de competencia establecidos por el Estatuto de Roma.

Esto incluye competencia temporal, territorial y temática.

Competencia Territorial y Personal

En términos de competencia territorial, la Corte puede enjuiciar crímenes ocurridos no solo en el territorio de un Estado Parte, sino también en su mar territorial y espacio aéreo.

También tiene jurisdicción sobre crímenes cometidos a bordo de buques o aeronaves matriculadas en un Estado Parte.

Respecto a la competencia personal, la Fiscalía no puede imputar crímenes ambientales a empresas basándose en su personalidad jurídica.

Sin embargo, puede enjuiciar a individuos responsables de crímenes ambientales, siempre que cumplan con los requisitos de competencia territorial o de nacionalidad.

Estos individuos deben ser responsables personalmente de la comisión de un crimen ambiental, conforme a los artículos 25 o 28 del Estatuto de Roma.