El Ministerio Público anunció este lunes su intención de cambiar la calificación jurídica de homicidio involuntario a homicidio voluntario en el caso de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, implicados en la tragedia del Jet Set.

Esta decisión fue comunicada durante la audiencia preliminar que se lleva a cabo en el Primer Tribunal de la Instrucción del Distrito Nacional.

El fiscal Emmanuel Ramírez explicó que están dispuestos a modificar la acusación, sustituyendo los artículos 319 y 320 del Código Penal, que se refieren a hechos no intencionales.

Esta modificación responde a las solicitudes de varias víctimas querellantes que piden que los imputados sean procesados por homicidio voluntario.

“Si hay que cambiar la calificación jurídica, se hace”, enfatizó Ramírez ante el juez Reymundo Mejía.

Esta declaración resalta la flexibilidad del Ministerio Público en su enfoque hacia el caso.

Desarrollo de la audiencia preliminar

Durante la audiencia, el órgano acusador también manifestó que no se opone a que el testigo Gregory Adames sea escuchado.

Sin embargo, el magistrado decidió que no se permitirá su declaración en esta fase, argumentando que no es el momento adecuado para la producción de pruebas testimoniales.

La decisión del tribunal de rechazar los recursos de oposición interpuestos por varias defensas se reafirmó en la jornada de este lunes, lo que indica que la audiencia preliminar sigue en curso.

Los hermanos Espaillat enfrentan cargos por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, ocurrido el 8 de abril de 2025, que resultó en la muerte de 236 personas y dejó más de 100 heridos.

Responsabilidad de los imputados

El Ministerio Público sostiene que, como responsables de la operación del establecimiento, los Espaillat incurrieron en homicidio involuntario y en golpes y heridas involuntarias.

Estos delitos están tipificados en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.

Además, se argumenta que los imputados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo con equipos de climatización y tinacos de agua, sin realizar los estudios técnicos necesarios para garantizar su resistencia.

El informe pericial elaborado por especialistas designados por el Ministerio Público respalda estas acusaciones, indicando que los imputados ignoraron advertencias sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.