El doctor en derecho Olivo Rodríguez Huerta ha expresado su preocupación por el uso excesivo de la prisión preventiva en el sistema judicial dominicano. Según él, esta práctica se ha convertido en una norma, a pesar de que la ley estipula que debe ser una medida excepcional.

Rodríguez Huerta destacó que, aunque el Ministerio Público suele solicitar medidas de coerción severas, la responsabilidad última recae en los jueces.

“El juez debe actuar como garante de los derechos fundamentales”, afirmó, enfatizando que no puede ser un mero sello automático de la acusación.

El abogado también advirtió que muchos jueces se ven influenciados por la presión mediática y la opinión pública.

Esto puede llevar a decisiones que buscan evitar críticas, en lugar de basarse en pruebas y el debido proceso.

“Trancar es popular”, aseguró.

Consecuencias de la Prisión Preventiva

Rodríguez Huerta señaló que esta práctica contribuye al elevado número de personas en prisión sin condena, en un sistema que alberga alrededor de 27 mil internos, muchos en condición preventiva.

El Código Procesal Penal establece que la prisión debe ser la última opción.

El exembajador también comentó que la esencia del Estado de derecho es la protección de las garantías fundamentales.

Desviarse de este principio puede debilitar tanto la democracia como el sistema de justicia. “La verdad judicial no es lo que se dice en los medios, sino lo que se prueba en un tribunal”, subrayó.

A pesar de estas preocupaciones, el experto reconoció avances en el sistema judicial dominicano. La introducción de herramientas tecnológicas ha mejorado el acceso y manejo de los procesos judiciales, permitiendo a los abogados participar en audiencias virtuales y gestionar documentos en línea.

Desafíos y Oportunidades

Rodríguez Huerta valoró el fortalecimiento institucional impulsado por la Suprema Corte de Justicia, destacando mejoras en la reducción de la mora judicial y la profesionalización de jueces.

“Se han dado pasos extraordinarios y hay razones para sentirse orgullosos”, afirmó.

Sin embargo, el jurista insistió en que uno de los principales desafíos es superar la “cultura del tranque” y garantizar que las medidas de coerción se apliquen conforme a la ley.

“Aún existen grandes falencias que deben ser atendidas”, concluyó.