En el municipio de Baní, provincia Peravia, se ha evidenciado una situación crítica durante los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común (M158).

Las rampas de acceso en el hospital local estaban deterioradas o, en algunos casos, inexistentes.

Este problema, que puede parecer menor para algunos, representa una barrera significativa para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.

La falta de accesibilidad no solo afecta la infraestructura, sino que limita el acceso a la salud.

Cada escalón sin alternativa se convierte en una barrera real, haciendo que el derecho a la salud, aunque esté presente en la ley, no se materialice en la vida cotidiana de muchos ciudadanos.

Este problema impacta directamente a unas 1,100 personas semanalmente y, de manera indirecta, a más de 5,000 ciudadanos que acompañan a los pacientes.

En total, más de 6,100 dominicanos enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, lo que evidencia cómo una falla estructural puede traducirse en desigualdad.

Mejoras en la infraestructura

La situación fue registrada como una prioridad de intervención en el Sistema M158. Se coordinó con las autoridades del centro de salud para instalar nuevas rampas y reparar las existentes.

Esta acción no fue simbólica, sino una intervención directa para eliminar barreras que limitaban derechos.

Semanas después, los cambios fueron evidentes. Los comunitarios documentaron mejoras significativas: personas en sillas de ruedas accedían sin asistencia, adultos mayores se movían con mayor seguridad y mujeres embarazadas entraban sin obstáculos.

La dependencia se transformó en autonomía.

Desde la perspectiva constitucional, el Artículo 58 de la Constitución Dominicana establece que el Estado debe garantizar condiciones de accesibilidad.

Esto implica que la accesibilidad es parte esencial del derecho mismo, no un complemento.

Un impacto más allá de la movilidad

La accesibilidad va más allá de la movilidad física; es una forma de justicia social.

Un Estado que reconoce y hace posibles los derechos es aquel que asegura la dignidad de todos, independientemente de su capacidad individual.

Desde el ámbito económico, estas intervenciones reducen barreras de acceso y mejoran la atención oportuna.

Un sistema accesible no solo es más justo, sino también más eficiente, fortaleciendo la participación de todos en la vida productiva.

La experiencia de Baní ofrece una lección valiosa. Cada rampa construida es una decisión de país, y cada acceso habilitado es una afirmación de igualdad.

Eliminar barreras físicas es una forma concreta de construir ciudadanía.

Cuando una persona puede acceder a un hospital sin obstáculos, se reconoce su dignidad y se reafirma su lugar en la sociedad.

Así, el Estado se convierte en una presencia tangible en la vida de la gente, funcionando por el Bien Común.