San Salvador ha implementado un nuevo paquete de reformas penales que permite la cadena perpetua para menores delincuentes.

Esta medida entró en vigencia el pasado domingo, tras su aprobación en la Asamblea Legislativa a solicitud del presidente Nayib Bukele.

Las reformas fueron publicadas el 27 de marzo en el Diario Oficial, y su aprobación se dio junto a un cambio constitucional que establece la prisión perpetua para delitos graves como el homicidio, el feminicidio, la violación y la pertenencia a pandillas, consideradas grupos terroristas.

Con estas enmiendas, los menores condenados por estos delitos enfrentarán la cadena perpetua. Además, se crearán juzgados de lo criminal para procesar estos casos, exceptuando aquellos relacionados con el terrorismo.

Críticas a la reforma

Las reformas también estipulan que los condenados no podrán acceder a beneficios como la libertad condicional ni la libertad anticipada.

Solo se permitirá la revisión de la pena perpetua bajo un régimen de libertad controlada.

El Congreso, controlado por el partido gobernante Nuevas Ideas, argumenta que la cadena perpetua es compatible con los estándares internacionales en derechos de la niñez.

Aseguran que se garantiza una evaluación periódica de la pena, conforme al Código Penal.

No obstante, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) han expresado su oposición a estas reformas, considerándolas incompatibles con los estándares internacionales.

Impacto de las reformas

La CIDH ha señalado que la prisión perpetua para menores es desproporcionada y va en contra del objetivo de resocialización.

Por su parte, HRW ha indicado que, aunque la pena puede ser revisada tras 25 años, esto contradice los principios internacionales que abogan por penas más cortas para menores.

Estas reformas se enmarcan en un contexto de régimen de excepción que ha estado vigente desde marzo de 2022, resultando en más de 91,000 detenidos y numerosas denuncias de violaciones a derechos humanos.

Hasta la fecha, se han reportado al menos 500 muertes de personas bajo custodia del Estado, lo que ha generado un amplio debate sobre la efectividad y la ética de estas medidas.