Un atentado en Colombia dejó este sábado un saldo trágico de siete muertos y 20 heridos en una región marcada por la presencia guerrillera.

Este ataque se produce en un contexto de creciente violencia y amenazas a candidatos a las elecciones presidenciales, que se celebrarán en poco más de un mes.

La explosión ocurrió en una carretera de la región del Cauca, impactando a más de una decena de vehículos.

Las autoridades han atribuido el atentado a disidentes de la guerrilla de las FARC, quienes no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016.

Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, informó sobre el ataque a través de un mensaje en X, donde compartió un video que muestra el devastador impacto del atentado.

«Fue activado un artefacto explosivo», indicó, mientras se observan vehículos volcados y víctimas en el suelo.

Reacciones y Consecuencias

El presidente Gustavo Petro condenó el ataque, calificando a los responsables de «terroristas, fascistas y narcotraficantes».

En su mensaje, enfatizó la necesidad de contar con «los mejores soldados» para enfrentar a estos grupos criminales.

Petro identificó a Iván Mordisco, considerado el criminal más buscado del país, como el principal responsable del atentado.

Desde su llegada al poder en 2022, ha intentado negociar la paz con las principales organizaciones armadas, pero sin éxito.

En los días previos al atentado, se registraron otros ataques, incluido uno contra una base militar en Cali, que dejó dos heridos.

En total, se han reportado 26 ataques en las regiones del Valle del Cauca y el Cauca, según el comandante de las Fuerzas Militares, Hugo López.

Clima de Tensión Electoral

Este aumento en la violencia genera un clima de tensión de cara a las elecciones del 31 de mayo, donde la seguridad es un tema central.

Esto se intensifica tras el magnicidio del precandidato de derecha Miguel Uribe, quien fue asesinado en un mitin en junio de 2025.

En las encuestas, el senador Iván Cepeda, delfín político de Petro, se posiciona como favorito, seguido por los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Todos ellos han denunciado amenazas de muerte y cuentan con esquemas de seguridad reforzados.

En Colombia, es común que los grupos armados, financiados por actividades ilegales como el narcotráfico y la extorsión, intenten ejercer presión violenta sobre los procesos electorales.