Ingrid Hidalgo, abogada del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, respondió este viernes a las afirmaciones del Ministerio Público durante la audiencia preliminar.

En particular, criticó la presentación de una conversación entre su defendido y el empresario Jochi Gómez, donde supuestamente se acordó un contrato irregular para la semaforización del Gran Santo Domingo.

Hidalgo afirmó que la acusación carece de base probatoria, señalando que el órgano acusador no ha demostrado la existencia de elementos constitutivos de los delitos imputados.

La abogada cuestionó también los alegatos sobre un supuesto aumento ilícito del contrato relacionado con la empresa Dekolor.

La jurista destacó que, si existieran irregularidades, estas serían de carácter administrativo, reguladas por la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

Según ella, las sanciones en este ámbito no implican consecuencias penales, sino la destitución del cargo.

Cuestionamientos a la Acusación

Hidalgo subrayó que no se ha probado que las acciones atribuidas a Beras constituyan delitos.

Aunque el Ministerio Público presentó una lista de infracciones, no logró demostrar la configuración de figuras como estafa o asociación de malhechores, que son las únicas imputaciones directas contra su defendido.

Además, mencionó una resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas emitida en noviembre de 2023, que identificó posibles faltas administrativas, recomendando acciones disciplinarias contra funcionarios del Intrant, pero sin derivar en acciones penales.

La abogada también cuestionó la coherencia del Ministerio Público, al señalar que en casos similares, otros funcionarios solo fueron destituidos sin ser llevados ante la justicia penal, mientras que en este caso se optó por la vía judicial.

Detalles del Caso

Uno de los puntos más relevantes mencionados por el Ministerio Público es que, en conversaciones entre Hugo Beras y Jochi Gómez en marzo de 2023, ya se discutía la adjudicación del contrato, a pesar de que el proceso de licitación no había completado etapas clave.

El contrato en cuestión, que supera los mil millones de pesos, fue firmado entre el Intrant y la empresa Transcore Latam, vinculada a Gómez.

Otros procesados en este caso incluyen a varios exfuncionarios del Intrant.

La investigación del Ministerio Público ha revelado evidencias de diversas irregularidades, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas y lavado de activos.

Estas actividades se habrían llevado a cabo principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa.