El empresario José Ángel «Jochy» Gómez Canaán, principal imputado en el presunto fraude relacionado con la red semafórica del Gran Santo Domingo, defendió su posición ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Gómez afirmó que el colapso del sistema no fue resultado de sabotaje, sino de errores cometidos por las autoridades gubernamentales.

Durante su declaración, Gómez rechazó las acusaciones de estafa vinculadas al contrato de la empresa Transcore, que asciende a 263 millones de pesos.

Aseguró que los fondos no fueron «repartidos», como sostiene el Ministerio Público, sino que se destinaron al pago de suplidores internacionales y a la ejecución del proyecto.

El empresario explicó que la ejecución del contrato comenzó en junio de 2023, mientras que los desembolsos estatales se realizaron meses después.

Transcore, según indicó, operó inicialmente mediante una línea de crédito con el Banco BDI y préstamos de Dekolor, empresa en la que también es socio.

Defensa de la Gestión Operativa

Gómez también mencionó que su compañía Aurix actuó como un «brazo técnico del Estado», coordinando operativos de seguridad junto a la Policía Nacional.

Esto contrasta con la descripción del Ministerio Público, que la califica como una estructura clandestina.

En cuanto a las transferencias internacionales que se presentan como prueba de la estafa, Gómez explicó que estos pagos fueron destinados a suplidores en varios países, sumando un total de 6,475,000 dólares.

Además, destacó que la red semafórica instalada en 305 intersecciones está operativa desde junio de 2023.

El empresario subrayó que la inversión total en el proyecto superó los 1,100 millones de pesos, cuestionando la lógica de las acusaciones de estafa.

«263 millones de pesos es menor a 1,100 millones. Esto es tan básico que parece un chiste», afirmó, sugiriendo que las acusaciones son motivadas por intereses de ciertos sectores del poder.

Colaboración y Rechazo de Acusaciones

Gómez también destacó su colaboración con la Contraloría General de la República durante el proceso de auditoría, asumiendo costos logísticos para verificar la instalación de todos los equipos.

Afirmó que esta verificación fue confirmada por la entidad.

Respecto a las acusaciones de sabotaje y terrorismo, Gómez cuestionó la falta de investigación por parte del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), señalando que la investigación se basó en un informe del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

El empresario rechazó las imputaciones de lavado de activos sobre Dekolor, asegurando que la empresa ha sido auditada y que sus ingresos provienen de servicios prestados al Estado.

Además, destacó que el servicio de emisión de licencias nunca fue interrumpido, a pesar de las deudas acumuladas.