La coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, afirmó que la protección social debe ser considerada un derecho constitucional de los ciudadanos y no simplemente una asistencia ocasional.

Esta declaración resalta la importancia de garantizar el acceso a servicios básicos para todos.

Vásquez explicó que el enfoque del gabinete busca asegurar que cada intervención social esté alineada con los compromisos internacionales del país, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Esto implica un compromiso serio con el desarrollo integral de la población.

“La protección social no es una dádiva, es un derecho inalienable”, enfatizó la funcionaria. Su objetivo es transformar las condiciones de vida de las personas mediante intervenciones sostenibles, en lugar de soluciones temporales.

Desafíos en la implementación

Vásquez identificó uno de los principales retos como la dispersión de programas en diversas instituciones.

Esta situación ha llevado a que varias entidades ejecuten acciones similares sin una coordinación efectiva.

<p“Estamos trabajando en una reorganización que permita distribuir funciones y focalizar mejor los esfuerzos en las comunidades”, añadió la líder política.

Este enfoque busca mejorar la eficiencia en la ejecución de programas sociales.

La funcionaria también destacó el carácter itinerante de su gestión, donde las intervenciones se realizan directamente en las comunidades.

Esto se hace en coordinación con autoridades locales y organizaciones sociales, permitiendo identificar con precisión las necesidades de la población.

Estrategias para el futuro

“Lo importante no es solo llevar una ayuda puntual, sino resolver el problema de fondo y sacar a las personas de la vulnerabilidad”, afirmó Vásquez.

Presentó los lineamientos de una nueva estrategia centrada en la planificación y atención directa a las poblaciones más vulnerables.

El objetivo del Gobierno, según Vásquez, es reducir los niveles de pobreza y evitar que las familias permanezcan en condiciones de riesgo.

Esto es especialmente relevante ante fenómenos climáticos que afectan a los sectores más vulnerables.

La funcionaria reafirmó el compromiso de impulsar políticas públicas más inclusivas y sostenibles, con el fin de mejorar la calidad de vida de los dominicanos y garantizar su derecho a la protección social.